Tribunal ordena primera extinción de dominio y entrega al Estado vehículos usados para contrabando
Santo Domingo, 24 junio. – La República Dominicana registró un precedente judicial en la aplicación de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio, luego de que un tribunal acogiera una solicitud del Ministerio Público y ordenara el traspaso al Estado de tres vehículos que fueron utilizados para el transporte de mercancías ilícitas.
La decisión fue emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, que declaró la extinción de dominio sobre dos camiones y un minibús incautados el año pasado en la comunidad de La Penda, provincia La Vega, mientras eran utilizados para transportar cargamentos de cigarrillos introducidos al país de manera ilegal.
Con esta sentencia, las autoridades obtienen la primera decisión judicial de extinción de dominio desde la entrada en vigencia de la Ley 340-22 y la puesta en funcionamiento de la Unidad de Extinción de Dominio, creada por el Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Durante el proceso, el Ministerio Público, representado por la Unidad de Extinción de Dominio en coordinación con la Procuraduría Regional de La Vega, presentó evidencias que permitieron demostrar que los vehículos eran utilizados como instrumentos para la comisión de actividades ilícitas vinculadas al contrabando.
La sentencia dispone la entrega definitiva al Estado dominicano de dos camiones de las marcas Mack y Eicher, modelos MS300P y PRO3008G, de colores azul y blanco, fabricados en los años 1996 y 2021, respectivamente. Asimismo, ordena el decomiso y transferencia de un minibús Toyota Town Ace, año 2019.
Las autoridades explicaron que los vehículos fueron ocupados durante un operativo realizado el 4 de julio de 2025 en la provincia La Vega por miembros de la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público, en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Según las investigaciones, los medios de transporte estaban siendo utilizados para movilizar cigarrillos de contrabando, actividad que constituye una violación a las disposiciones legales que regulan el comercio y la tributación en el país.
El Ministerio Público valoró la decisión judicial al considerarla un paso importante en la aplicación efectiva de la legislación sobre recuperación de activos ilícitos y reiteró su compromiso de continuar enfrentando las distintas modalidades de delincuencia organizada y criminalidad económica.
La institución recordó que la Ley 340-22 establece mecanismos para que el Estado pueda recuperar bienes y activos obtenidos o utilizados en actividades ilícitas, independientemente de que estos se encuentren dentro o fuera del territorio nacional, siempre que existan acuerdos internacionales de cooperación que permitan su persecución y recuperación.
Las autoridades destacaron que el propósito fundamental de la normativa es impedir que personas o estructuras criminales continúen beneficiándose de bienes vinculados a actividades ilegales y garantizar que esos activos pasen a formar parte del patrimonio público.
Con esta primera sentencia de extinción de dominio, el Ministerio Público considera que se fortalece el marco legal destinado a combatir el crimen organizado, el contrabando, el lavado de activos y otras actividades ilícitas, mediante la recuperación de bienes obtenidos o utilizados al margen de la ley en beneficio del Estado dominicano.