Tribunal ratifica prisión preventiva a tres acusados de estafar más de RD$2,500 millones mediante Coop-Herrera; juicio comenzará el 20 de noviembre
SANTO DOMINGO, República Dominicana, 7 de noviembre de 2026. — El presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó la prisión preventiva contra tres de los principales acusados de integrar una presunta estructura criminal responsable de un fraude superior a los RD$2,500 millones, cometido a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), caso descubierto mediante la denominada Operación Búho, que afectó a por lo menos 366 personas.
La decisión fue adoptada este viernes, acogiendo el pedimento del Ministerio Público y rechazando las solicitudes de cese de la medida de coerción presentadas por las defensas de Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán permanecer privados de libertad mientras avanza el proceso judicial.
El magistrado Julio Aybar, presidente del tribunal, consideró que todavía se mantiene el plazo razonable para la prisión preventiva y que el levantamiento de esa medida no se produce automáticamente por el transcurso del tiempo, sino que requiere una evaluación de las circunstancias particulares del proceso.
El juez tomó en consideración la gravedad de los hechos imputados, las posibles sanciones en caso de una sentencia condenatoria y la proximidad del inicio del juicio de fondo, fijado para el próximo 20 de noviembre de 2026.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Tribunal considera insuficientes los argumentos de las defensas
Al fundamentar su decisión, el magistrado Aybar estableció que los presupuestos presentados por los abogados de los tres acusados ya habían sido examinados anteriormente por otros jueces, sin que se identificaran circunstancias suficientes para justificar una modificación de las medidas de coerción.
El tribunal también valoró que el Ministerio Público se encuentra preparado para presentar su discurso de apertura cuando comience el juicio, dentro de aproximadamente dos semanas.
Según la decisión judicial, los imputados no ofrecieron garantías suficientes de que comparecerían al proceso en libertad, por lo que la prisión preventiva continúa siendo la medida de coerción considerada más adecuada para asegurar su presencia durante el desarrollo del juicio.
En consecuencia, Gabriel Santana Borsilea permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra continuarán cumpliendo la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-XVII de Najayo, provincia San Cristóbal.
La decisión mantiene las condiciones de privación de libertad de los tres procesados, sin que implique un pronunciamiento sobre su culpabilidad, cuestión que deberá ser determinada durante el juicio de fondo.
Nueve personas y siete empresas figuran en el expediente
Además de los tres acusados cuya prisión preventiva fue ratificada, el proceso judicial incluye a Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
El Ministerio Público también incorporó al expediente a siete empresas que, según la acusación, habrían estado vinculadas con las operaciones investigadas.
Las sociedades comerciales señaladas son Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L. y GBS Baseball Academy S.R.L.
Las autoridades investigadoras sostienen que la estructura utilizaba diferentes mecanismos financieros y comerciales para movilizar recursos pertenecientes a los socios y ahorrantes de Coop-Herrera.
Ministerio Público atribuye fraude de RD$2,500 millones que afectó a 366 víctimas
De acuerdo con el expediente acusatorio, la presunta red habría ejecutado operaciones fraudulentas que ocasionaron perjuicios económicos superiores a los RD$2,500 millones y afectaron a 366 víctimas.
El órgano persecutor sostiene que los procesados recurrían a mecanismos como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros inorgánicos, entre otras operaciones, con el propósito de desviar recursos pertenecientes a los asociados y depositantes de la cooperativa.
Según la acusación, estas prácticas permitían presentar operaciones financieras que no respondían a transacciones legítimas, facilitando la distracción de fondos de la entidad.
Para sustentar sus imputaciones, el Ministerio Público depositó cientos de elementos probatorios, entre ellos pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales.
El expediente incluye informes elaborados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, utilizados por los investigadores para examinar movimientos patrimoniales, operaciones comerciales y propiedades relacionadas con los acusados.
Las pruebas serán debatidas durante el juicio, cuando corresponderá al tribunal determinar su alcance y valor probatorio, así como establecer las eventuales responsabilidades penales de los procesados.
Operación Búho fue ejecutada en octubre de 2023
La investigación que dio origen al expediente culminó con la puesta en marcha de la Operación Búho, desarrollada el 4 de octubre de 2023, después de varios meses de labores de inteligencia e investigación financiera.
El operativo permitió el arresto de directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera que, de acuerdo con el Ministerio Público, estaban involucrados en las operaciones fraudulentas investigadas.
En la intervención participaron más de 20 fiscales, alrededor de 100 agentes policiales y aproximadamente una docena de integrantes de unidades especiales, quienes ejecutaron las órdenes judiciales correspondientes.
Las investigaciones se iniciaron a partir de denuncias presentadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y por varias personas que alegaron haber resultado perjudicadas por las operaciones de la cooperativa.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo, como parte de las diligencias dirigidas a identificar y asegurar bienes presuntamente relacionados con las operaciones investigadas.
Las incautaciones fueron realizadas en virtud de órdenes judiciales autorizadas por los tribunales competentes.
El Ministerio Público sostiene que las operaciones detectadas permitieron identificar un esquema mediante el cual se habrían desviado recursos de los asociados y ahorrantes, utilizando instrumentos financieros y transacciones que aparentaban legalidad.
Investigación conjunta de varias dependencias del Ministerio Público
La Operación Búho fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Durante varios meses, estas dependencias desarrollaron labores de recopilación de documentos, análisis financiero y verificación de operaciones, con el propósito de determinar cómo se habrían ejecutado las maniobras denunciadas.
La acusación sostiene que las irregularidades detectadas comprometieron recursos de cientos de personas que habían depositado sus ahorros en la cooperativa.
Con la ratificación de la prisión preventiva de los tres acusados, el proceso judicial entra en una nueva etapa, marcada por el inicio del juicio de fondo previsto para el 20 de noviembre.
En esa audiencia, el Ministerio Público deberá presentar formalmente su teoría del caso y comenzar a sustentar las imputaciones contra los procesados, mientras las defensas tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas y presentar sus argumentos.
El caso Coop-Herrera constituye uno de los procesos judiciales de mayor cuantía económica relacionados con presuntas irregularidades en una cooperativa de ahorro y crédito en República Dominicana, debido al monto de los recursos involucrados y al número de personas que, según el Ministerio Público, resultaron afectadas.