Tribunal rechaza extinguir proceso contra Ángel Lockward y otros acusados de defraudar al Estado
Santo Domingo, 14 sept..- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría de votos, la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Ángel Lockward y otros acusados de integrar una red que presuntamente defraudó al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones.
El expediente atribuye a los procesados la realización de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, entre otras maniobras ilícitas.
La decisión acogió la posición del Ministerio Público, que podrá continuar con la presentación de su acusación y las pruebas contra los encartados.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que gran parte de los imputados procuraba la terminación del proceso para evitar responder ante los tribunales por los hechos que se les atribuyen.
La magistrada informó que el fallo fue adoptado por mayoría, luego de que el tribunal considerara que para decidir la petición era necesario examinar aspectos jurídicos que trascendían el simple cálculo matemático de los plazos procesales.
“Estamos listos y preparados para presentar nuestra acusación al regresar en la tarde de hoy”, manifestó Ortiz ante periodistas durante un receso de la audiencia, pasado el mediodía de este lunes.
Defensas solicitaron aplicar una ley derogada
La titular de la Pepca explicó que las juezas debieron realizar un análisis general porque las defensas solicitaron la aplicación de una legislación derogada, bajo el argumento de que resultaba más favorable para los procesados.
Según Ortiz, la mayoría del tribunal determinó que no correspondía aplicar la normativa anterior invocada por los abogados, sino la legislación vigente.
En consecuencia, las magistradas decidieron mantener activa la acción penal y permitir que el proceso continúe hasta conocerse el fondo de las acusaciones.
Ortiz había cuestionado previamente que las defensas recurrieran nuevamente a la solicitud de extinción como herramienta procesal para impedir la discusión de las pruebas durante el juicio.
A juicio del órgano acusador, con el planteamiento los procesados intentaban evadir otra vez el conocimiento de las imputaciones formuladas en su contra.
La decisión fue adoptada por las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez. La presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, emitió un voto disidente.
La representación del Ministerio Público estuvo encabezada por Ortiz junto al procurador de corte Héctor García.
También participaron los fiscales litigantes Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
Juicio continuará con 35 acusados
En mayo, el Ministerio Público obtuvo un auto de apertura a juicio contra 35 de las 40 personas incluidas en el expediente de corrupción.
Entre los principales procesados se encuentran el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado y exfuncionario Ángel Lockward; el excontralor general de la República Daniel Omar de Jesús Camacho Santana y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo McCabe.
También fueron enviados a juicio el director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos y Juegos de Azar Julián Omar Fernández Figueroa.
El Ministerio Público apeló el auto de no ha lugar dictado en beneficio de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados.
La institución persecutora sostiene que el tribunal realizó una valoración errónea de varias pruebas al excluirlos del juicio.
Entre las demás personas enviadas a juicio figuran Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán y Kimberly Zayas Martínez.
La lista también incluye a Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes.
El Ministerio Público había solicitado que todos los acusados fueran enviados a juicio por su presunta participación en el fraude contra el patrimonio público.
Red habría desviado más de RD$19,000 millones
Los principales implicados fueron arrestados por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023.
La acusación sostiene que formaban parte de una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Parte de los recursos obtenidos mediante esas operaciones habría sido utilizada en sobornos y para financiar ilícitamente la campaña electoral de 2020, conforme a la imputación.
El órgano persecutor también acusa al grupo de apropiarse de recursos correspondientes al pago de deudas de distintas instituciones y ministerios.
A la organización se le atribuye, además, establecer un esquema de cobro de sobornos relacionado con los juegos de azar, actividad que debe ser regulada por el Ministerio de Hacienda conforme al ordenamiento jurídico.
Los procesados enfrentan imputaciones por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados y soborno.
El expediente también incluye cargos por financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos a una escala que el Ministerio Público describe como sin precedentes.
Tras el rechazo de la solicitud de extinción, el tribunal continuará con el conocimiento del juicio y la presentación de las pruebas reunidas por el Ministerio Público contra los 35 acusados.