Tribunal separa a dos acusados por razones de salud del juicio contra Donald Guerrero
Santo Domingo, 12 Nov.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este miércoles la separación de dos acusados del juicio por presunta corrupción administrativa que se sigue contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros imputados. La decisión afecta a Santiago Roberto Moquete y al excontralor Daniel Omar Caamaño Santana.
El Ministerio Público solicitó el desglose del expediente por los problemas de salud de ambos procesados. La fiscalía sostuvo que la medida permitiría atender su situación y avanzar con el juicio contra Guerrero Ortiz y los demás acusados.
Antes de resolver la solicitud, el tribunal, presidido por la jueza Arlin Ventura, informó que la corte de apelación había rechazado una recusación presentada la semana anterior por la defensa de Juan Tomás Polanco contra las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. Según el fiscal Melbin Romero Suazo, la corte confirmó que el tribunal tenía competencia para continuar con el proceso.
Una vez dispuesto el desglose, el tribunal ordenó continuar la audiencia. La defensa de Moquete recusó entonces a las mismas juezas. El colegiado llamó la atención a las defensas de Moquete, Yahaira Brito Evangelista y Ramón David por la nueva recusación, que calificó de «táctica dilatoria», y remitió el incidente a la corte de apelación. Ventura fijó la próxima audiencia para el 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
Al salir del tribunal, Romero Suazo declaró a los periodistas que, a su juicio, la actuación de la defensa constituyó un acto de «deslealtad procesal». Señaló que el tribunal había accedido a separar al imputado por razones humanitarias y para que el juicio pudiera avanzar, y que, tras esa decisión, la defensa cuestionó la facultad de las juezas para seguir conociendo el caso.
El fiscal recordó que el artículo 135 del Código Procesal Penal exige a las partes litigar con lealtad, abstenerse de promover medidas dilatorias o meramente formales y evitar el abuso de las facultades que les reconoce la ley. También valoró que el tribunal advirtiera a la defensa que podría ser sancionada si reincidía en esa conducta. Romero Suazo integró el equipo litigante junto a los fiscales Rosa Ysabel, Miguel Crucey y Jhensy Víctor.
En octubre, el mismo tribunal había separado del juicio penal a Rafael Porfirio Calderón Martínez.
El Ministerio Público presentó en septiembre su acusación contra el exministro de Hacienda y los demás procesados, a quienes atribuye un presunto fraude contra el Estado por más de RD$19,000 millones, en perjuicio de los contribuyentes.
Los imputados fueron detenidos en 2023, durante la Operación Calamar. Según la acusación, formaban parte de una estructura que habría desviado fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, se utilizaron para financiar la campaña electoral de 2020.