Trump eleva presión contra supuesto voto de no ciudadanos a dos meses de las elecciones de noviembre
WASHINGTON, 29 agosto .- El presidente Donald Trump y sus aliados republicanos han intensificado sus denuncias sobre una supuesta amenaza del voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses, colocando el tema en el centro de su estrategia política cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones legislativas de noviembre.
Trump ha presionado para que el Servicio Postal de Estados Unidos solamente envíe boletas electorales por correo a votantes cuya ciudadanía estadounidense haya sido previamente verificada, una propuesta que se suma a otras iniciativas impulsadas por su gobierno y dirigentes republicanos bajo el argumento de proteger la integridad de las elecciones.
La ofensiva incluye además actuaciones de diferentes organismos federales. La Oficina del Censo promovió recientemente un informe que plantea interrogantes sobre miles de posibles votos emitidos por no ciudadanos en las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump fue derrotado por el demócrata Joe Biden.
Sin embargo, especialistas electorales y verificaciones independientes han cuestionado las conclusiones que se han intentado extraer de esos datos. Las investigaciones realizadas durante años han encontrado que los casos comprobados de personas no ciudadanas que votan ilegalmente en elecciones federales son extremadamente escasos y no existen pruebas de que hayan ocurrido a una escala capaz de alterar los resultados de una elección presidencial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, ha afirmado que hasta 250.000 no ciudadanos podrían aparecer en los padrones electorales de apenas cuatro estados, aunque la administración no ha presentado evidencias que demuestren que esas personas hayan votado ilegalmente.
La presencia de una persona en una base de datos que genera dudas sobre su ciudadanía tampoco significa necesariamente que haya participado ilegalmente en una elección. Expertos advierten que los sistemas administrativos pueden contener información desactualizada, errores o registros de personas que posteriormente se naturalizaron como estadounidenses.
Candidato de Maine plantea intervención de agentes federales
La controversia aumentó esta semana después de que el candidato republicano a gobernador de Maine confirmara la autenticidad de una grabación de audio en la que hablaba de solicitar ayuda al responsable de la política fronteriza de Trump para enviar alguaciles federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a centros electorales.
La posibilidad de desplegar agentes federales relacionados con inmigración alrededor de lugares de votación ha provocado preocupación entre defensores de los derechos electorales, quienes advierten que una medida de esa naturaleza podría intimidar a ciudadanos habilitados legalmente para sufragar, particularmente dentro de comunidades inmigrantes.
La discusión se produce en momentos en que Trump y sus aliados buscan imponer requisitos más estrictos para demostrar la ciudadanía de quienes participan en elecciones federales.
Los republicanos sostienen que las nuevas exigencias son necesarias para garantizar que solamente ciudadanos estadounidenses puedan votar. Los demócratas y organizaciones defensoras del derecho al sufragio responden que las medidas propuestas podrían dificultar innecesariamente la participación de millones de electores que tienen pleno derecho a votar.
Votar ilegalmente ya constituye un delito
Las leyes estadounidenses ya establecen que solamente los ciudadanos pueden votar en elecciones federales, y participar ilegalmente puede generar consecuencias penales y migratorias graves.
Los funcionarios electorales estatales utilizan diferentes procedimientos para verificar la elegibilidad de los votantes y actualizar sus registros, aunque las normas y sistemas empleados varían considerablemente entre los estados porque la administración electoral estadounidense está ampliamente descentralizada.
Los estudios disponibles y revisiones efectuadas durante elecciones anteriores han encontrado cantidades muy pequeñas de casos comprobados de votación por parte de no ciudadanos frente a los millones de votos emitidos en cada proceso electoral.
Pese a ello, Trump ha convertido nuevamente el asunto en una prioridad política y ha vinculado sus denuncias sobre inmigración con sus cuestionamientos al funcionamiento del sistema electoral.
El antecedente de las elecciones de 2020
El debate está inevitablemente relacionado con las elecciones presidenciales de 2020. Trump ha mantenido durante años que aquella contienda estuvo marcada por irregularidades generalizadas, pese a que tribunales, autoridades electorales estatales y funcionarios de su propia administración no encontraron pruebas de fraude suficiente para cambiar el resultado.
Joe Biden ganó aquellas elecciones y asumió la presidencia en enero de 2021.
Las nuevas afirmaciones sobre el supuesto voto masivo de no ciudadanos forman parte de una discusión más amplia promovida por Trump sobre las condiciones en que deben celebrarse las elecciones legislativas de noviembre.
El presidente también ha cuestionado reiteradamente el voto por correo, pese a que ese mecanismo ha sido utilizado durante décadas en Estados Unidos y también es empleado habitualmente por votantes republicanos.
Debate sobre identificación y prueba de ciudadanía
Otro punto central de la ofensiva republicana es la exigencia de documentación que demuestre la ciudadanía estadounidense antes de permitir determinadas modalidades de registro y votación.
Quienes respaldan esos controles argumentan que exigir una prueba documental constituye una salvaguarda razonable para impedir que personas no autorizadas puedan incorporarse a los padrones.
Los opositores advierten, en cambio, que millones de estadounidenses podrían enfrentar dificultades para presentar determinados documentos, aunque sean ciudadanos con derecho al voto.
Entre las personas que potencialmente podrían encontrar mayores obstáculos figuran ciudadanos que no disponen fácilmente de pasaporte, certificado de nacimiento u otra documentación aceptada para acreditar su ciudadanía.
La controversia también afecta a mujeres que cambiaron sus apellidos después de casarse, personas mayores y ciudadanos de bajos ingresos que podrían tener mayores dificultades para localizar o sustituir documentos oficiales.
Elecciones de noviembre elevan la tensión política
El debate adquiere especial importancia por la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, en las que estarán en juego el control del Congreso y numerosos cargos estatales y locales.
Con márgenes electorales estrechos en varios estados, cualquier modificación en las reglas de registro, identificación, voto por correo o depuración de los padrones puede tener consecuencias políticas significativas.
Los republicanos presentan sus propuestas como mecanismos destinados a reforzar la confianza pública y evitar votos ilegales.
Demócratas, organizaciones de derechos civiles y especialistas electorales advierten que las afirmaciones sin pruebas sobre una participación generalizada de no ciudadanos pueden erosionar la confianza de los electores y servir de fundamento para restricciones que afecten también a ciudadanos legítimamente habilitados.
La disputa anticipa que la integridad electoral, la inmigración, las pruebas de ciudadanía y el voto por correo estarán entre los asuntos más controvertidos de la recta final hacia noviembre, mientras Trump incrementa la presión sobre instituciones federales y gobiernos estatales para endurecer los controles sobre quién puede registrarse y participar en las elecciones.
Fuente: The Associated Press (AP).