Trump restablece la regla de “carga pública” para restringir el acceso de algunos inmigrantes a la residencia permanente
Miami, 16 julio.– La administración del presidente Donald Trump anunció el restablecimiento de la controvertida norma de “carga pública”, una medida que permitirá a las autoridades migratorias considerar el uso de determinados beneficios sociales por parte de algunos inmigrantes al momento de decidir si califican para obtener la residencia permanente legal, conocida como green card. La disposición forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca durante el segundo mandato del mandatario republicano.
La regla fue publicada este jueves en el Registro Federal, será formalmente incorporada el próximo 20 de julio y comenzará a aplicarse el 18 de septiembre, una vez el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualice sus procedimientos y formularios.
La política exige que los solicitantes de residencia permanente demuestren que no es probable que dependan de la asistencia gubernamental para su sustento. Bajo la nueva interpretación, los funcionarios de inmigración podrán tomar en consideración el uso de programas de ayuda pública como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, conocido como cupones de alimentos), subsidios de vivienda y otros beneficios financiados con recursos públicos, además de evaluar factores como la edad, el estado de salud, los ingresos, el patrimonio, el nivel educativo, las habilidades laborales y la situación económica general del solicitante.
La denominada regla de "carga pública" fue aplicada inicialmente en febrero de 2020, durante el primer mandato de Trump, como parte de una estrategia para restringir la inmigración legal. Sin embargo, fue suspendida tras la llegada del presidente demócrata Joe Biden, cuya administración emitió en 2022 una regulación que limitó considerablemente el alcance de ese análisis, reduciéndolo principalmente a quienes dependían de ayudas monetarias directas o de cuidados institucionales financiados por el Estado.
Con la nueva disposición, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina esa regulación de 2022 y devuelve a los oficiales migratorios un margen mucho más amplio para determinar si un extranjero podría convertirse en una carga para el Estado estadounidense. Las autoridades estiman que alrededor de 588,000 solicitantes de ajuste de estatus podrían quedar sujetos cada año a esta evaluación ampliada.
En un comunicado, el director del USCIS, Joseph Edlow, sostuvo que la medida busca restablecer el principio de autosuficiencia establecido por la legislación migratoria estadounidense.
"Bajo el presidente Trump, USCIS está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos", afirmó el funcionario.
Asimismo, el USCIS señaló en la red social X que el Gobierno federal está "reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses".
La reactivación de la norma coincide con una ofensiva más amplia de la administración Trump para reforzar el control migratorio, tanto sobre la inmigración irregular como sobre algunos mecanismos de inmigración legal, mediante mayores controles para la obtención de visas, residencias permanentes y otros beneficios migratorios.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes criticaron inmediatamente la decisión y advirtieron que podría generar un "efecto disuasorio", llevando a miles de familias —incluidas aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses— a renunciar a servicios médicos, alimentación o asistencia para vivienda por temor a perjudicar futuros trámites migratorios. Diversos expertos en salud pública también han advertido que ese fenómeno ya se observó durante la vigencia de la política en el primer mandato de Trump.
No obstante, el DHS aclaró que la norma mantiene las exenciones establecidas por el Congreso para determinadas categorías humanitarias, entre ellas refugiados, asilados, víctimas de trata de personas, algunas víctimas de delitos y beneficiarios de protecciones especiales contempladas en la legislación migratoria estadounidense.