Trump y Delcy Rodríguez sellan acuerdo petrolero por 25 años en medio de cuestionamientos sobre la soberanía venezolana
WASHINGTON, 30 agosto (Agencias).– Estados Unidos y Venezuela han dado un giro de enormes proporciones a una relación marcada durante más de dos décadas por sanciones, expropiaciones, amenazas y confrontaciones ideológicas, al alcanzar un acuerdo petrolero de largo plazo que permitirá a Washington tener una participación mayoritaria en la explotación de campos que concentran unos 65,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes el pacto, al que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, mientras la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ofreció posteriormente detalles sobre sus términos y aseguró que tendrá una vigencia de 25 años, con una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.
El entendimiento coloca nuevamente en el centro del debate una cuestión especialmente sensible para Venezuela: la soberanía sobre sus recursos naturales. Trump ha descrito el convenio en términos de control estadounidense, mientras Rodríguez sostiene que la propiedad del petróleo seguirá perteneciendo al Estado venezolano y que la participación extranjera estará destinada a aportar capital, tecnología y capacidad operativa.
“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, enfatizó Rodríguez al defender el convenio y argumentar que el país necesita inversiones multimillonarias para recuperar una industria petrolera deteriorada por años de falta de inversión, problemas operativos y sanciones internacionales.
65,000 millones de barriles bajo el nuevo esquema
Trump aseguró que el acuerdo permitirá obtener control mayoritario estadounidense sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, volumen equivalente a alrededor de una quinta parte de las reservas venezolanas, consideradas las mayores del planeta. El mandatario sostuvo además que el proyecto contribuirá a aumentar la seguridad energética estadounidense y eventualmente a reducir los precios de los combustibles en su país.
Rodríguez explicó que el programa contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, incluyendo ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región de más de 55,000 kilómetros cuadrados donde se concentra buena parte del crudo pesado venezolano.
Según la gobernante venezolana, los proyectos estarán sujetos a regalías mínimas de 16 % y un impuesto sobre la renta de 34 %. Calculando un precio promedio de 65 dólares por barril, Caracas estima que el convenio podría generar unos 209,335 millones de dólares para Venezuela durante su ejecución. Rodríguez calculó que cerca de 19 dólares por cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país.
La mandataria afirmó que los recursos serán destinados a impulsar la recuperación económica y financiar mejoras en servicios públicos, salud, educación e infraestructura, presentando el entendimiento como una nueva etapa de cooperación económica con Washington.
Versiones diferentes sobre el alcance del control estadounidense
Sin embargo, algunos aspectos esenciales del acuerdo todavía no han sido divulgados públicamente en su totalidad y existen diferencias importantes entre la manera en que Washington y Caracas describen su alcance.
Funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales sostienen que el esquema contempla una empresa conjunta privada en la que Estados Unidos tendría un control de aproximadamente 55 %, combinando participación accionaria y capacidad para adquirir petróleo a precio de costo. También se ha informado sobre contratos o concesiones que podrían extenderse hasta 100 años, aunque Rodríguez ha señalado que el acuerdo bilateral anunciado tiene una duración de 25 años.
Esta diferencia entre los 25 años del convenio político y energético anunciados por Caracas y los posibles contratos de explotación de mayor duración constituye uno de los puntos que todavía requieren mayor transparencia documental.
El acuerdo podría movilizar alrededor de 100,000 millones de dólares en inversiones, según los términos divulgados hasta ahora, destinados principalmente a recuperar infraestructura, perforar nuevos pozos y elevar sustancialmente una producción venezolana que permanece muy por debajo de sus niveles históricos.
De “Estados Unidos está a cargo” al acuerdo petrolero
El pacto adquiere una dimensión política todavía mayor por las declaraciones realizadas por Trump desde la operación militar estadounidense de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó a Rodríguez al frente del Gobierno venezolano.
Poco después de aquella intervención, Trump declaró públicamente que Estados Unidos estaba “a cargo” de Venezuela y afirmó que Washington necesitaba acceso al petróleo y otros recursos del país.
Meses después llevó la controversia todavía más lejos. En mayo, Trump afirmó que estaba considerando “seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, e incluso difundió posteriormente una imagen del territorio venezolano cubierto con la bandera estadounidense.
Rodríguez rechazó entonces esa posibilidad y aseguró que Venezuela seguiría defendiendo “nuestra integridad, nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra historia”, insistiendo en que el país “no es una colonia”.
Ahora, ante las críticas surgidas por el convenio petrolero, la gobernante vuelve a colocar la soberanía como línea defensiva de su Gobierno, asegurando que recibir inversión estadounidense no significa transferir la propiedad venezolana sobre los hidrocarburos.
Los antiguos adversarios abren las puertas a las petroleras
La transformación política resulta especialmente significativa porque dirigentes provenientes del chavismo, que durante años construyó parte de su identidad política alrededor del nacionalismo petrolero y la confrontación con Washington, son ahora quienes negocian uno de los mayores proyectos de inversión estadounidense registrados en Venezuela.
La nueva política ya había comenzado a tomar forma meses antes. En abril, Rodríguez confirmó reuniones con representantes de ExxonMobil y ConocoPhillips, además de nuevos acuerdos con Chevron, después de reformas que abrieron mayores espacios para la participación privada y extranjera en la industria de hidrocarburos.
Chevron mantiene presencia histórica en Venezuela, mientras ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron operaciones después de conflictos con el Gobierno venezolano y expropiaciones ocurridas durante la era de Hugo Chávez. ConocoPhillips mantiene, además, reclamaciones multimillonarias relacionadas con activos nacionalizados.
Rodríguez ha señalado ahora que Venezuela busca ampliar acuerdos con grandes grupos energéticos internacionales, mencionando expresamente a Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, además de los contactos sostenidos anteriormente con ExxonMobil y ConocoPhillips. Por tanto, al menos siete grandes compañías petroleras internacionales han sido mencionadas públicamente en las negociaciones, acuerdos o planes de expansión vinculados a la nueva apertura venezolana, aunque no todas son estadounidenses. Entre las estadounidenses figuran Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips.
ExxonMobil y ConocoPhillips han mostrado interés, pero también han reclamado garantías jurídicas y soluciones a las deudas pendientes antes de comprometer inversiones importantes.
Petróleo venezolano gana importancia por la crisis internacional
El momento del acuerdo tampoco resulta casual. Estados Unidos enfrenta presiones sobre los precios de los combustibles y sobre el suministro energético en medio de la prolongada guerra con Irán y de las perturbaciones provocadas en los mercados internacionales de hidrocarburos.
Esa situación ha aumentado nuevamente el atractivo estratégico de Venezuela, cuyas gigantescas reservas se encuentran relativamente cerca de las refinerías estadounidenses del Golfo de México. Empresas que anteriormente consideraban demasiado elevado el riesgo venezolano han comenzado a evaluar nuevamente oportunidades en el país ante la vulnerabilidad demostrada por las cadenas energéticas vinculadas a Oriente Medio.
Trump presenta el entendimiento precisamente como una operación destinada a fortalecer la seguridad energética estadounidense, obtener petróleo a costos favorables y reducir eventualmente los precios internos de la gasolina. Sin embargo, especialistas advierten que recuperar la capacidad productiva venezolana requerirá inversiones masivas y varios años, por lo que los efectos sobre los precios no serían inmediatos.
Soberanía y pragmatismo político
El acuerdo deja así una paradoja política difícil de ignorar. El movimiento que durante años convirtió la resistencia a Estados Unidos y la defensa del petróleo venezolano en pilares centrales de su discurso se encuentra ahora negociando directamente con Washington una apertura de enormes dimensiones.
Rodríguez presenta el cambio como pragmatismo económico: transformar décadas de confrontación en inversión, producción y recuperación económica. “Escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América para transformar nuestra diferencia en cooperación”, afirmó al explicar el acuerdo.
Trump, en cambio, utiliza un lenguaje mucho más cercano al control estratégico de las reservas venezolanas. Esa diferencia semántica y política alimenta los cuestionamientos de sectores venezolanos que consideran insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora sobre las condiciones, duración y estructura jurídica del convenio.
El resultado es un escenario impensable pocos años atrás: Estados Unidos aparece encaminado a convertirse en uno de los principales beneficiarios de la reapertura petrolera venezolana precisamente bajo un Gobierno integrado por dirigentes surgidos de la revolución bolivariana, mientras Caracas intenta demostrar que la cooperación económica con su antiguo adversario puede realizarse sin renunciar a la soberanía nacional.
La magnitud del pacto —65,000 millones de barriles involucrados, inversiones potenciales cercanas a 100,000 millones de dólares, una meta superior a 1.5 millones de barriles diarios y un horizonte anunciado de 25 años— garantiza que el debate sobre quién controla realmente el petróleo venezolano apenas comienza.