Un Estado que se conozca a sí mismo
Un Estado que se conozca a sí mismo
Omar Fernández
Hace algunas semanas conocimos una información que, más que sorprender, debería encender una señal de alerta.
A finales de julio, desde el Ministerio de Administración Pública se reconocía una realidad preocupante: el Gobierno no sabe con precisión cuántos empleados tiene el Estado dominicano. No se trata únicamente de una cifra pendiente. La pregunta es mucho más importante: ¿cómo puede administrarse eficientemente aquello que ni siquiera se conoce con exactitud?
Y no estamos hablando de una estructura pequeña.
La República Dominicana tiene alrededor de 11 millones de habitantes, de los cuales más de siete millones son mayores de edad y, por tanto, forman parte de la población con capacidad potencial de incorporarse al mercado laboral. Pero hay una comparación todavía más reveladora: según datos oficiales, de aproximadamente 2.6 millones de empleados afiliados activos, alrededor de 773 mil corresponden al sector público, una cifra que además mantiene una tendencia al alza. Es decir, casi uno de cada tres empleos formales en la República Dominicana está vinculado al Estado.
Cuando el aparato público alcanza semejante dimensión, saber exactamente quién trabaja para él, dónde trabaja, qué función desempeña y cuánto cuesta pasa a ser un requisito elemental de buena administración.
Resulta difícil imaginar una empresa privada que no pueda determinar con precisión cuántas personas trabajan para ella y cuánto representan esos salarios dentro de su presupuesto. Sin embargo, cuando hablamos del Estado —la organización más grande y costosa del país— pareciera que los dominicanos nos hemos acostumbrado a aceptar estándares mucho más bajos.
Esta realidad reafirma una convicción que he sostenido desde hace tiempo: la República Dominicana necesita un Estado más pequeño, más eficiente y mucho mejor administrado.
No porque el Estado sea innecesario. Todo lo contrario. Necesitamos un Estado fuerte donde verdaderamente importa: seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, defensa de nuestra frontera y protección de los más vulnerables; pero también en garantizar la propiedad privada y las libertades que permiten emprender, innovar y crear. Un Estado fuerte no es sinónimo de un Estado grande; mucho menos de uno desordenado.
Hace apenas unos días vivimos otro episodio que, aunque en un ámbito diferente, refleja un problema parecido.
A propósito de unas declaraciones que hice sobre el crecimiento de la matrícula de estudiantes haitianos en nuestro sistema educativo y su impacto sobre la disponibilidad de cupos escolares, el ministro de Educación afirmó públicamente que los números que había presentado eran, y cito, “alegres e infundados”. Sin embargo, provenían precisamente de las estadísticas oficiales del propio Ministerio.
Sus registros muestran que la matrícula de estudiantes haitianos pasó de 25,158 en el año escolar 2007-2008 a 205,361 en 2024-2025, según los últimos datos publicados por la propia institución, considerando centros públicos, privados y semioficiales.
Podemos debatir qué significan esos números, sus causas y las políticas públicas que corresponde adoptar; eso forma parte de una democracia. Lo preocupante es que una institución del Estado cuestione cifras que provienen de sus propios registros.
Ambos episodios apuntan hacia una misma necesidad: un Estado moderno tiene que conocerse a sí mismo.
Durante décadas hemos respondido a casi cualquier problema creando nuevas instituciones, comisiones, direcciones o contratando más personal. Rara vez nos preguntamos si esa función ya la realiza otra entidad o si podría realizarse de manera más eficiente.
El resultado es un aparato público que crece, consume recursos de los contribuyentes y se vuelve cada vez más complejo de supervisar. Cada peso destinado a sostener estructuras innecesarias es un peso que deja de invertirse donde realmente transforma vidas.
La discusión, por tanto, no es únicamente cuántos empleados tiene el Estado, sino cuál debe ser su tamaño adecuado para servir mejor a los ciudadanos.
Un Estado moderno debe conocer quién trabaja para él, qué función desempeña cada servidor público, cuánto cuesta cada institución y qué resultados produce. Debe integrar sus bases de datos, eliminar duplicidades, simplificar procesos, eliminar regulaciones y trabas innecesarias, aprovechar la inteligencia artificial y evaluar si cada peso que recauda genera valor para la sociedad.
La libertad económica también depende de esto. Un Estado más eficiente reduce la presión por más impuestos y abre espacio a la inversión privada, la generación de empleos y el crecimiento económico. La verdadera reforma pendiente no consiste simplemente en gastar menos, sino en administrar mejor. Porque solo cuando el Estado sea capaz de conocerse, medirse y administrarse con eficiencia, podrá empezar a cumplir, con la calidad que los dominicanos merecen, aquello que tantas veces promete y no termina de cumplir.
El autor es senador de la República.
Fuente: Listín Diario