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miércoles, 4 de noviembre de 2026
Un mundo hipotecado; ¿construimos el futuro o financiamos dependencia y esclavitud?

Un mundo hipotecado; ¿construimos el futuro o financiamos dependencia y esclavitud?

·4 de noviembre de 2026·2
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Cuando decidí escribir este artículo, pensé que posiblemente su título despertaría la atención de mis colegas internacionalistas, siempre atentos a las transformaciones del sistema mundial. Y no es para menos. Vivimos tiempos convulsos y extraordinarios, en los que las guerras, las tensiones comerciales, la competencia entre potencias y las desigualdades económicas están redefiniendo las relaciones internacionales.

Algunos podrían argumentar, con razón, que la deuda es necesaria y que existen deudas buenas. Comparto esa apreciación. El crédito ha permitido construir hospitales, universidades, carreteras, sistemas energéticos e infraestructuras que difícilmente habrían sido posibles utilizando exclusivamente los ingresos disponibles.

Sin embargo, mi propósito es ir más allá de esa explicación convencional. Quiero invitarles a examinar una dimensión menos visible del endeudamiento: su capacidad para condicionar las decisiones de los Estados, reorganizar las relaciones de poder y determinar, silenciosamente, las oportunidades de millones de personas.

Porque la deuda no solamente se registra en los balances de los ministerios de Hacienda o en los informes de los bancos centrales. También se manifiesta en los impuestos que pagamos, en los servicios públicos que recibimos, en el costo de los alimentos, en las oportunidades que encuentran nuestros jóvenes y en las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras.

Mi tesis es que, cuando el endeudamiento pierde su función productiva y se transforma en dependencia estructural, puede convertirse en una forma de subordinación económica y política. No necesita ejércitos de ocupación ni administraciones coloniales. En determinadas circunstancias, le bastan los contratos financieros, las condiciones crediticias, los mercados internacionales y la vulnerabilidad de quienes necesitan seguir tomando préstamos para cumplir sus obligaciones anteriores.

La pregunta fundamental no es solamente cuánto deben las naciones, sino cuánto de su soberanía y de su futuro pueden terminar comprometiendo para pagar lo que deben.

Adam Smith y una advertencia que atraviesa los siglos

En 1776, Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, una obra que transformó el pensamiento económico moderno. En el libro V, capítulo III, dedicado a las deudas públicas, el economista escocés formuló advertencias que, casi dos siglos y medio después, conservan una sorprendente actualidad.

Smith observó que el endeudamiento permitía a los gobiernos financiar gastos extraordinarios, especialmente las guerras, sin trasladar inmediatamente su costo a los contribuyentes. Esta facilidad podía debilitar la disciplina fiscal, reducir la resistencia ciudadana al gasto y prolongar compromisos que, de otro modo, exigirían decisiones políticas más difíciles.

También cuestionó la idea de que la deuda pública carecía de consecuencias porque el dinero simplemente circulaba entre los miembros de una misma sociedad. Su preocupación se relacionaba con el uso del capital, la acumulación de obligaciones y los efectos que los impuestos necesarios para atenderlas podían producir sobre la actividad económica.

Smith advirtió, además, sobre los mecanismos mediante los cuales los gobiernos podían reducir el valor real de sus obligaciones alterando el contenido metálico de la moneda.

Naturalmente, las economías contemporáneas funcionan bajo sistemas monetarios muy distintos. Hoy, la inflación, las depreciaciones cambiarias y las crisis de deuda responden a múltiples factores, y no constituyen necesariamente decisiones deliberadas para perjudicar a los acreedores. Pero la advertencia histórica permanece: cuando un Estado acumula obligaciones sin desarrollar capacidades suficientes para atenderlas, termina enfrentándose a decisiones que pueden trasladar costos considerables a sus ciudadanos.

Smith no escribió sobre el Fondo Monetario Internacional, los bonos soberanos contemporáneos ni las agencias calificadoras. Sin embargo, comprendió un principio esencial: el endeudamiento puede facilitar decisiones presentes cuyos costos económicos y políticos serán asumidos en el futuro.

Un planeta que debe más de 100 billones de dólares

La magnitud del endeudamiento contemporáneo obliga a mirar el fenómeno desde una perspectiva global.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (ONU Comercio y Desarrollo, UNCTAD), la deuda pública mundial alcanzó aproximadamente 102 billones de dólares estadounidenses en 2024, frente a 97 billones en 2023.

Para dimensionar esta cifra, hablamos de 102 millones de millones de dólares. No es una deuda perteneciente a una sola potencia, sino la acumulación de obligaciones públicas de países con estructuras económicas, capacidades fiscales y condiciones financieras profundamente diferentes.

El Fondo Monetario Internacional estimó que la deuda pública mundial se situó ligeramente por debajo del 94 % del producto interno bruto global en 2025 y proyectó que podría alcanzar el 100 % en 2029.

Estas cifras revelan una transformación fundamental: el endeudamiento ha dejado de ser únicamente un recurso extraordinario frente a las crisis y se ha convertido en un componente permanente del funcionamiento de numerosos Estados.

Sin embargo, sería incorrecto concluir que todos enfrentan el mismo peligro. Una potencia que emite deuda en su propia moneda, dispone de mercados financieros profundos y mantiene una amplia base tributaria no enfrenta las mismas restricciones que una economía pequeña obligada a financiarse en divisas extranjeras.

La desigualdad no está solamente en cuánto se debe. Está también en cuánto cuesta endeudarse, quién concede el financiamiento y qué capacidad tiene cada nación para negociar sus condiciones.

El poder invisible de la deuda: desigualdad, dependencia y soberanía

Una de las contradicciones más profundas del sistema económico internacional es que los países que más necesitan financiamiento para superar la pobreza, construir infraestructuras y fortalecer sus instituciones suelen enfrentar condiciones crediticias más desfavorables que las economías desarrolladas.

Según UNCTAD, los países en desarrollo pagaron cerca de un billón de dólares en intereses netos de deuda pública durante 2025, casi tres veces lo registrado en 2010. El organismo estima que reducir la brecha de costos financieros respecto de las economías desarrolladas podría representar un ahorro anual de aproximadamente 500,000 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas, hospitales y proyectos productivos podrían financiarse con esos recursos?

Las consecuencias trascienden las estadísticas. Aproximadamente 3,700 millones de personas viven en países donde los pagos de intereses de la deuda pública superan el gasto destinado a salud o educación. Esto significa que millones de ciudadanos, sin haber participado en las decisiones de endeudamiento, pueden terminar asumiendo sus costos mediante mayores impuestos, servicios públicos insuficientes y menores oportunidades de desarrollo.

Aunque la corrupción, la ineficiencia administrativa y las decisiones fiscales equivocadas también contribuyen a estas dificultades, el endeudamiento excesivo puede profundizarlas y reducir considerablemente el margen de actuación de los gobiernos.

Desde una perspectiva geopolítica, esta realidad adquiere otra dimensión. Históricamente, las obligaciones financieras han condicionado las relaciones entre acreedores y deudores. Hoy, mediante préstamos bilaterales, bonos soberanos, programas multilaterales y reestructuraciones financieras, actores como Estados Unidos, China, Europa, los organismos internacionales y los inversionistas privados participan en un sistema donde el financiamiento también puede convertirse en instrumento de influencia política.

No significa que todo préstamo persiga objetivos de dominación. Sin embargo, cuando una nación depende permanentemente del crédito externo para sostener sus obligaciones, su capacidad de negociación puede debilitarse y sus prioridades nacionales quedar condicionadas por decisiones financieras ajenas.

La paradoja del siglo XXI es que algunas naciones necesitan endeudarse para alcanzar el desarrollo, pero las condiciones de ese endeudamiento pueden terminar limitando las posibilidades de conseguirlo.

Porque la soberanía no desaparece necesariamente cuando un Estado contrae una deuda; comienza a debilitarse cuando pierde la capacidad efectiva de decidir cómo financiar su desarrollo y determinar su propio futuro.

África y América Latina: entre la necesidad de capital y la vulnerabilidad financiera

África representa uno de los escenarios más importantes para comprender esta contradicción.

El continente necesita enormes inversiones en electricidad, transporte, industrialización, agricultura y conectividad. Sin embargo, muchos de sus países enfrentan costos de financiamiento elevados, ingresos fiscales limitados y una fuerte exposición a las fluctuaciones internacionales.

Según el informe de UNCTAD sobre sostenibilidad de la deuda externa de 2026, el servicio total de la deuda externa de los países en desarrollo alcanzó aproximadamente 1.6 billones de dólares en 2025. En los países menos adelantados, estas obligaciones absorbieron el equivalente al 18.2 % de sus ingresos por exportaciones.

Cuando una economía depende de vender materias primas y debe utilizar una parte considerable de sus divisas para atender compromisos financieros, cualquier caída de los precios internacionales puede comprometer su estabilidad.

América Latina conoce esta realidad. La crisis de deuda de los años ochenta demostró cómo la combinación de endeudamiento externo, aumentos de las tasas internacionales y desequilibrios económicos puede desencadenar ajustes prolongados y profundas consecuencias sociales.

Las experiencias de Argentina, Ecuador y otros países también recuerdan que la sostenibilidad de la deuda depende tanto de las condiciones externas como de las decisiones internas.

Por eso, la discusión no debería limitarse a identificar acreedores o denunciar dependencias. Debe examinar qué modelo productivo permite generar los ingresos, las exportaciones y la capacidad fiscal necesarios para sostener el desarrollo sin recurrir indefinidamente al endeudamiento.

¿Cómo romper el círculo de dependencia?

No propongo eliminar la deuda. Sería económicamente poco realista y desconocería su importancia como instrumento de financiamiento.

Propongo cambiar la manera en que los Estados la conciben, negocian, administran y evalúan.

En primer lugar, debemos vincular una mayor proporción del endeudamiento con inversiones capaces de elevar la productividad, fortalecer los ingresos públicos y generar beneficios sociales medibles.

En segundo lugar, necesitamos instituciones transparentes que permitan conocer las condiciones de los préstamos, sus costos, sus riesgos y el destino de los recursos.

En tercer lugar, los países en desarrollo deben ampliar su capacidad de movilizar recursos internos, diversificar sus exportaciones y reducir vulnerabilidades derivadas de la concentración productiva.

Finalmente, la comunidad internacional necesita avanzar hacia mecanismos de reestructuración más oportunos, financiamiento concesional accesible y reglas que distribuyan de manera más equilibrada los costos de las crisis entre deudores y acreedores.

La reforma de la arquitectura financiera internacional no constituye únicamente una demanda de los países pobres. También responde al interés colectivo de evitar crisis que pueden transmitirse al comercio, la inversión y la estabilidad mundial.

La deuda que heredarán nuestros hijos

Quizás la dimensión más inquietante de esta discusión no se encuentre en los mercados financieros, sino en el tiempo.

Los gobiernos cambian, los presidentes concluyen sus mandatos, los ministros abandonan sus cargos y las legislaturas se renuevan. Sin embargo, muchas de las obligaciones financieras permanecen.

Una decisión adoptada hoy puede comprometer recursos públicos durante décadas. Por eso, endeudarse también implica asumir una responsabilidad intergeneracional.

No sería justo afirmar que toda deuda heredada constituye una carga perjudicial: las generaciones futuras también pueden recibir carreteras, universidades, hospitales y sistemas productivos financiados con esos recursos.

La cuestión fundamental es si heredarán activos y capacidades suficientes para justificar las obligaciones que deberán atender.

Adam Smith nos advirtió sobre los peligros de una deuda pública utilizada sin prudencia. Casi 250 años después, las cifras internacionales muestran que el problema ha adquirido dimensiones extraordinarias.

Pero la respuesta no consiste en demonizar el crédito ni en aceptar resignadamente cualquier condición financiera.

Consiste en comprender que la deuda debe estar al servicio del desarrollo de las naciones, y no convertir el desarrollo de las naciones en un instrumento al servicio de la deuda.

Porque, al final, la verdadera riqueza de un país no se mide por cuánto dinero consigue prestado, sino por su capacidad para transformar esos recursos en bienestar, libertad económica y oportunidades sostenibles.

Y dejo una última pregunta para la reflexión de mis colegas internacionalistas, economistas y ciudadanos:

¿Estamos utilizando la deuda para construir el futuro de nuestras naciones o estamos hipotecando ese futuro para sostener las decisiones del presente?

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