Un tribunal rechaza la detención inmediata de Cristina Fernández y ratifica un plazo de cinco días
Buenos Aires, 11 junio.- El Tribunal que condenó a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) a seis años de prisión rechazó este miércoles el pedido de detención inmediata de la exmandataria por parte de la Fiscalía tras la ratificación este martes de la sentencia por la Corte Suprema y ratificó el plazo de cinco días para presentarse ante la Justicia.
Según informaron a EFE fuentes judiciales, el juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal N° 2, desestimó el pedido formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes este martes habían solicitado la detención de Fernández tras la confirmación de la condena por el máximo tribunal.
Además, resolvió mantener la orden emitida este martes que establece que la exmandataria y el resto de los condenados en la causa por irregularidades en la concesión de obras públicas deberán presentarse en un plazo de cinco días hábiles en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
En caso de incumplimiento de dicha instrucción, los jueces podrán ordenar las detenciones correspondientes.
La Fiscalía había argumentado que, tras la confirmación de las condenas, correspondía la detención inmediata de la expresidenta, pero el tribunal consideró que el fallo de la Corte no modificaba la situación procesal y que correspondía mantener el cronograma previsto.
Cristina Fernández pide prisión domiciliaria
Por su parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández solicitó a la Justicia cumplir la condena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, ratificada este martes por la Corte Suprema, en su domicilio en el barrio de Constitución, en Buenos Aires.
La solicitud, a la que tuvo acceso EFE, la presentó formalmente el abogado de la exmandataria, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 -que en 2022 condenó a Fernández por irregularidades en la concesión de obras viales- e indica que el domicilio propuesto es el que actualmente habita la dirigente peronista en el barrio porteño de Constitución.
El pedido se conoció un día después de la decisión de la Corte Suprema de dejar en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua del ejercicio de cargos públicos contra Fernández, de 72 años.
La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan al beneficio de prisión domiciliaria, siempre que se cumplan determinadas condiciones y lo autorice el tribunal correspondiente.
Cristina Fernández llevará el caso «al mundo»
Por otro lado, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Fernández, anunció que intentarán revertir la decisión de la Corte Suprema a través de organismos internacionales.
«Vamos a llevar el caso al mundo. La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner ya ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), por tratarse de un caso emblemático de detención y criminalización selectiva», escribió Dalbón en su perfil de la red social X.
Además, anticipó que también realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alegará que los tribunales fueron parciales, la vulneración sistemática del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política, entre otros argumentos.
«La Convención Americana y la Constitución Argentina obligan a revertir esta sentencia», añadió el abogado, que consideró que la condena contra Fernández «no constituye el desenlace de un proceso justo: marca, en cambio, el punto más oscuro de una operación sistemática de hostigamiento”.
Según el abogado, el fallo “no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad” y se trata de “una construcción artificial” que vulnera garantías básicas del debido proceso.
“Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad”, añadió, y consideró que la lucha que emprenderá ahora en los tribunales internacionales «es también por la vigencia del Estado de Derecho, por el futuro de la justicia argentina y por una política sin miedo». EFE
