
Una deshonrosa acción
Por Bernardo Vega
Cuando una persona comete un acto deshonroso queda afectada ella misma y, tal vez, la comunidad que la rodea. Pero cuando instituciones estatales como lo son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cometen un acto deshonroso afectando la seguridad nacional, eso deshonra a toda la nación.
Tal es el caso de la sustracción ilegal y subrepticia de municiones dominicanas, que formaban parte de los polvorines estatales, para ser vendidas a través de la frontera a las bandas criminales haitianas. Se podrá pensar que como se trata de municiones antiguas que tal vez sobrevivieron la explosión en 1964 del polvorín en la parte este de nuestra capital, y que no tienen mayor uso para nuestras Fuerzas Armadas y la Policía, por ser obsoletas, el asunto no es importante. Pero sí lo es, pues compromete la seguridad nacional al haber sido vendidas a las bandas haitianas responsables de haber matado 3,165 haitianos entre octubre del 2025 y abril del 2026 y haber herido a más de 1,551 personas.
Pero también podría pensarse que afecta solamente a los haitianos y no a los dominicanos, pero resulta ser que dichas bandas controlan en torno al 70% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe lo que ha obligado a una parte importante de la población de esa y otras ciudades a buscar refugio en zonas rurales, o a salir del país. Esta última opción se ve dificultada por la presencia de buques norteamericanos en la costa norte haitiana que impiden que los haitianos lleguen a territorio norteamericano. Mientras los cubanos reciben las yolas y pequeñas embarcaciones y cuidan a los infelices por pocos días, luego los devuelven a su país. Lo mismo ocurre con los esfuerzos para llegar a las Bahamas y las Islas Turcas. Consecuentemente, el único lugar que le queda a los infelices afectados por la tragedia nacional de su país y donde pueden encontrar refugio es cruzando la frontera hacia la República Dominicana donde ya contamos con una importante cantidad de inmigrantes indocumentados y que cada vez va en aumento.
El hecho de que esas bandas cuenten ahora con municiones dominicanas que al ser utilizadas les permite ser más agresivas, a la vez induce a la población haitiana a buscar refugio en nuestro país. Consecuentemente, la venta a las bandas haitianas de municiones pertenecientes al gobierno dominicano acrecienta las presiones para que los haitianos migren a nuestro país convirtiendo la fechoría en un grave problema de seguridad nacional.
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Un reporte del mes de septiembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas explica: “Si bien las autoridades de Haití, la República Dominicana y los Estados Unidos han adoptado medidas destinadas a prevenir el tráfico de armas y hacer cumplir el embargo, estos esfuerzos continúan siendo insuficientes dada la magnitud del problema… La existencia de armas nacionales de Haití y en mayor medida de República Dominicana siguen reponiendo los arsenales de las bandas y de otros agentes armados no estatales”.
Nos preguntamos cuál hubiera sido la reacción de Joaquín Balaguer si este hurto de municiones y su traslado a las bandas haitianas hubiese ocurrido durante uno de sus mandatos. En el gobierno actual han sido débiles las declaraciones y hasta se alega que se trata de municiones viejas que ya no nos sirven y no ha tenido lugar un esfuerzo por localizar y condenar a los responsables de ese acto. Pero, en contraste el ex ministro de Defensa y ex director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, ha declarado que el proceso de indagación no debe ser ejecutado únicamente por la institución castrense, y que el presidente Abinader debe pronunciarse sobre el caso, ya que existen antecedentes que también involucran a otras fuerzas del país. Recordó como en noviembre del 2024 los dominicanos se enteraron de que más de 900,000 dispositivos fueron sustraídos por agentes de la Policía Nacional. Declaró: “El gobierno debe dar información. Está envuelta la Policía Nacional y ahora el Ejército”. Pidió se identificara a las personas involucradas.
Pero Naciones Unidas también denunció el envío de varios tipos de municiones de los inventarios de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, las cuales fueron utilizadas sobre todo por la banda 400 Mawozo, establecida cerca de la frontera. Hasta el negocio de anguilas se presta a operaciones interfronterizas.
En el reporte de Naciones Unidas se explica cómo las bandas controlan la parte haitiana cercana a Jimaní. En el mismo aparece una dramática fotografía de un terrorista de una de las bandas con su pecho rodeado por una bandolera de municiones que habían sido del gobierno dominicano. También hay fotos de la parte trasera de balas donde aparecen claramente las iniciales “RD”.
