Una nación no puede improvisar su población ni su futuro
La República Dominicana necesita discutir su futuro demográfico con la misma seriedad con que discute el crecimiento económico. Podemos construir hoteles, abrir carreteras y anunciar inversiones, pero también debemos saber quién trabajará, quién cotizará para las pensiones y quién cuidará a una población envejecida. Una nación compromete su porvenir cuando deja esas respuestas a la improvisación.
La advertencia del demógrafo José Miguel Guzmán en Propuesta de la Noche coloca sobre la mesa un asunto que merece atención nacional. La ONE sitúa la fecundidad en 1.97 hijos por mujer para 2026, por debajo del reemplazo generacional, cercano a 2.1. Esto no significa que ya estemos perdiendo población, pero sí que cambia la estructura sobre la cual tendremos que organizar nuestra economía.
La misma institución proyecta que hacia mediados de siglo tendremos más adultos mayores que niños. Detrás de esa proyección hay consecuencias concretas: más demanda de cuidados, tratamientos médicos y protección económica, mientras se estrecha el relevo de trabajadores.
En un país donde tantos viven de empleos informales, sostener la vejez será un desafío para el Estado y para las familias.
Ahí aparece nuestra contradicción: reclamamos reducir la inmigración irregular, pero seguimos dependiendo de ella para actividades esenciales. La construcción, la agricultura y distintos servicios utilizan trabajadores haitianos, mientras falta una estrategia convincente para formar, contratar y retener dominicanos. Expulsar trabajadores sin corregir esa dependencia deja intacto el mecanismo que vuelve a atraerlos.
Tampoco basta decir que el dominicano no quiere trabajar. Hay que examinar cuánto se paga, bajo qué condiciones y con qué protección. Si determinados negocios funcionan porque consiguen trabajadores vulnerables, dispuestos a aceptar menos, el problema también está en el modelo productivo. Ninguna política migratoria será consistente mientras resulte rentable incumplirla.
Del otro lado de la frontera existe una población con una fecundidad superior: Naciones Unidas estimó alrededor de 2.6 hijos por mujer para Haití en 2024. Esa diferencia, combinada con la crisis haitiana y las oportunidades económicas de este lado, puede mantener la presión migratoria. Sin embargo, no permite calcular automáticamente cuánto crecerá la población haitiana residente aquí: para eso hacen falta datos actualizados sobre entradas, salidas, nacimientos y permanencia.
El riesgo para nuestra capacidad de decidir el desarrollo aparece cuando el Estado desconoce esa realidad y permite que la contratación irregular determine, en la práctica, parte de la política poblacional. Las necesidades de empresas particulares terminan produciendo demandas colectivas de vivienda, transporte, escuelas y hospitales que nadie planificó ni presupuestó.
Los controles migratorios en hospitales han reducido los partos de haitianas registrados en la red pública. Pero una maternidad con menos pacientes extranjeras no demuestra que desaparecieran esas necesidades del territorio. Hace falta saber qué ocurre fuera de esos centros y garantizar atención de emergencia. Gobernar exige conocer la realidad completa, incluso cuando resulta incómoda.
También debemos facilitar que las familias dominicanas tengan los hijos que desean. Las licencias ayudan, pero no resuelven el alquiler, la guardería, la inseguridad laboral o el costo de criar. Reprocharles a las mujeres que tengan menos hijos evita discutir las condiciones económicas y la responsabilidad de los hombres en los cuidados.
La respuesta necesita dos caminos simultáneos. Uno debe fortalecer a las familias, preparar las pensiones y organizar los cuidados. El otro debe transformar el trabajo: formación técnica vinculada con empleos reales, mejores condiciones, mecanización agrícola y métodos de construcción que eleven la productividad. Cuando exista una necesidad demostrada de contratación extranjera, debe atenderse mediante procedimientos legales, verificables y sujetos a fiscalización.
Migración debe perseguir las redes de tráfico; Trabajo, sancionar la contratación irregular; las instituciones educativas, preparar el relevo; y la ONE, medir los cambios con continuidad. Todo ello requiere una conducción común, metas públicas y presupuesto.
La preocupación nacional tiene fundamento cuando señala esa falta de preparación. Nuestro futuro se debilita si envejecemos sin protección, necesitamos trabajadores sin formarlos y recibimos población sin ordenar su incorporación. Defender la soberanía exige controlar la frontera y gobernar lo que ocurre dentro. Las autoridades todavía pueden anticiparse. Lo que no pueden es seguir confundiendo operativos con una estrategia de nación.