Una nómina grande para resultados pequeños
Juan Ariel Jiménez
Durante años hemos escuchado que el Estado dominicano necesita fortalecerse, al punto de que miles de millones de dólares en préstamos se han justificado bajo el elegante nombre de “fortalecimiento institucional”. El problema es que, demasiadas veces, hemos confundido fortalecer el Estado con engordar la nómina. Y de tanto engordarla, hemos terminado creando una burocracia con niveles de obesidad que ya no solo afectan las finanzas públicas, sino también la capacidad del Estado para funcionar correctamente y de la economía para desarrollarse.
En ese sentido, según datos del Banco Central, en el primer trimestre de 2026 había cerca de 753,509 empleados del Gobierno, equivalentes al 14.6% de todos los trabajadores de la economía dominicana. Dicho de una manera más sencilla: 1 de cada 7 personas que trabaja en República Dominicana lo hace para el Gobierno.
Y como a este Gobierno le gusta tanto compararse con el pasado cuando la comparación le resulta conveniente, hagamos el ejercicio completo. Según los propios datos del Banco Central, a finales de 2019 los empleados públicos representaban el 13.7% del total de trabajadores.
Es decir, esa nómina pública que tanto criticaban en el pasado, lo único que hicieron una vez en el Gobierno fue hacerla todavía más grande.
Y cuando nos comparamos con América Latina, el resultado tampoco invita precisamente a celebrar. Con un 14.6% del empleo total en el sector público, República Dominicana sería el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de empleados públicos, solamente por debajo de Uruguay (16.3%) y Panamá (15.4%). Nuevamente, al comparar con el pasado, en el año 2019 estábamos en el quinto lugar entre los países con mayor porcentaje de empleados públicos, mientras que hoy estamos en el tercer lugar.
Parece que, si hubiera una competencia latinoamericana para ver quién coloca más personas en la nómina pública, estaríamos peleando por ganar una medalla.
Pero el dato verdaderamente preocupante aparece cuando miramos exclusivamente el empleo formal.
Los trabajadores públicos representan aproximadamente el 29.1% de todos los empleados formales del país. En pocas palabras, casi 1 de cada 3 dominicanos que ha conseguido un empleo formal lo ha hecho entrando a la nómina del Estado. Nuevamente quedamos entre los países de América Latina con mayor peso del empleo público.
Según datos del Banco Central, en el primer trimestre de 2026 había cerca de 753,509 empleados del Gobierno, equivalentes al 14.6% de todos los trabajadores de la economía dominicana.
Según datos del Banco Central, en el primer trimestre de 2026 había cerca de 753,509 empleados del Gobierno, equivalentes al 14.6% de todos los trabajadores de la economía dominicana.ARCHIVO/LD
Y lo peor de todo es que tenemos una de las nóminas públicas más costosas de la región, pero los ciudadanos dominicanos recibimos algunos de los peores resultados.
Gastamos más en nómina, pero somos el país de peor calidad educativa, con los peores resultados en pruebas internacionales como PISA y ERCE.
Gastamos más en nómina, pero somos el segundo país con mayor mortalidad materna y neonatal.
Gastamos más en nómina, pero estamos entre los países con mayor tasa de feminicidios de la región.
Gastamos más en nómina, pero somos el país con mayores tandas de apagones y porcentajes de pérdidas eléctricas de América Latina.
Entonces tenemos una combinación bastante peculiar: un Estado caro y servicios públicos deficientes.
Y ahí surge una pregunta que deberíamos hacernos con mucha más seriedad: ¿no ha llegado el momento de repensar el modelo de Estado dominicano?
No puede ser que cada problema lleve al gobierno de turno a crear otra institución, ni que por cada preocupación social se cree una dirección, ni que por cada sector económico que reclame atención se cree un instituto.
Así hemos terminado construyendo una especie de museo institucional donde casi ninguna entidad desaparece, independientemente de que haya cumplido o no su propósito.
Por eso, una verdadera reforma del Estado debería comenzar por algo que pocas veces hacemos: preguntarnos qué instituciones realmente necesitamos.
Hay numerosas entidades gubernamentales que podrían cerrarse, fusionarse o sustituirse por mecanismos mucho más modernos y efectivos.
En vez de financiar estructuras burocráticas permanentes por cada producto agropecuario que se quiera apoyar (café, azúcar, tabaco, uva), podríamos crear fondos concursables de investigación y desarrollo agropecuario, donde universidades, centros de investigación, organizaciones de productores y empresas compitan por recursos para resolver problemas concretos de productividad, tecnología, sanidad vegetal o adaptación climática.
Algo similar ocurre con el Ministerio de la Juventud. Si nuestro objetivo es mejorar las oportunidades de los jóvenes, podríamos preguntarnos qué tendría mayor impacto: mantener toda una estructura ministerial o utilizar esos recursos para financiar becas educativas en carreras técnicas y préstamos blandos para jóvenes emprendedores.
A veces ayudar a la juventud significa financiar oportunidades para los jóvenes, no necesariamente financiar un ministerio que lleve su nombre.
Pero eliminar y fusionar entidades es solamente una parte de la solución. También tenemos que profesionalizar de verdad la administración pública.
La carrera administrativa debería aplicarse a los principales puestos directivos de carácter técnico, de manera que el cambio de un partido político no implique sustituir continuamente a funcionarios que poseen experiencia y conocimiento especializado.
Y existen áreas donde esto debería ser todavía más estricto.
En educación, los directores de escuelas, directores distritales y regionales, así como los técnicos distritales y regionales, deberían seleccionarse exclusivamente mediante concursos profesionales.
En salud debería ocurrir exactamente lo mismo con los jefes de servicio, directores de hospitales y directores regionales.
Ese debería ser el verdadero significado de fortalecer el Estado. No se trata simplemente de reducir empleados públicos por reducirlos. Tampoco de convertir a cada servidor público en culpable de los problemas del país. República Dominicana tiene miles de empleados públicos capaces, honestos y comprometidos que realizan todos los días un trabajo invaluable. Pero esos trabajadores muchas veces se ven limitados por un gigantismo burocrático que no les permite brindar el servicio al ciudadano que quisieran prestar.
En definitiva, hay momentos en la vida en que toca hacer una pausa y reflexionar sobre hacia dónde vamos, y la economía dominicana ya está dando señales de que no puede continuar financiando con impuestos y deuda el descontrol burocrático. Como dice la frase, menos es más, y en nuestro caso menos empleados públicos posiblemente llevarían a más resultados.
Fuente: Listín Diario