Uso letal de la fuerza estatal en RD: impunidad y violaciones de derechos humanos
Por Ivanna Molina
Durante décadas, la violencia policial en República Dominicana ha sido un tema que, de manera cíclica, aparece en la palestra pública; casi siempre luego de incidentes de violencia, que deja a familias, comunidades y al país entero profundamente consternado. Con el tiempo, este tema se ha convertido en otro más en la larga lista de crisis que atraviesan nuestra cotidianidad. Sin embargo, el asesinato de Darlin Mercado Reyes vuelve a evidenciar que no nos encontramos ante hechos aislados, sino a un patrón estructural de violaciones de derechos humanos que persiste a pesar de comisiones, reformas parciales y promesas institucionales y presidenciales.
La Policía Nacional ha sido objeto de múltiples intentos de “modernización”, pero ninguna ha logrado transformar la cultura institucional que permite que la fuerza letal se utilice de manera arbitraria, desproporcionada y, en consecuencia, ilegal y nos siga robando a las personas que habitan nuestro país.
El artículo 55 de la Ley 590‑16 Orgánica de la Policía Nacional establece el marco básico que regula el uso de la fuerza por parte de esa institución. En esencia, dispone que los agentes solo pueden emplearla cuando sea estrictamente necesaria, privilegiando siempre medios no violentos antes de recurrir a armas de fuego. El uso de armas letales queda limitado a situaciones excepcionales, concretamente defensa propia o de terceros ante un peligro inminente de muerte, o para evitar hechos particularmente graves cuando no existan alternativas menos extremas. Incluso en esos casos, la actuación debe ser moderada y proporcional, reduciendo al mínimo los daños y protegiendo la vida humana.
Además, la norma exige asistencia médica inmediata a cualquier persona herida y cierra con un mandato categórico: ninguna situación excepcional puede justificar el incumplimiento de estas reglas, reafirmando que el uso de la fuerza está estrictamente subordinado a estándares de legalidad, necesidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la inaceptable cifra de personas que continúan falleciendo a manos de agentes policiales nos revela una brecha profunda entre la norma y la realidad.
En mayo de este año, el director de la Policía Nacional, afirmó que la institución “no tiene una política de ejecuciones ni de uso letal de la fuerza como norma”. El problema es que, aunque no sea la norma escrita, la práctica se ha vuelto una repetida y socialmente reconocible. La violencia policial en el país opera bajo una lógica de habilitación institucional: no hay estadísticas oficiales sobre muertes causadas por agentes, no existen informes públicos sobre uso de la fuerza y las investigaciones del Ministerio Público son tardías, incompletas o inconclusas. La narrativa oficial insiste en que se trata de “enfrentamientos” o “intercambio de disparos” pero los casos revelan que muchas de estas muertes ocurren en contextos donde la proporcionalidad, necesidad y legitimidad del uso de la fuerza son, cuando menos, altamente cuestionables.
Desde una perspectiva de derechos humanos, estas prácticas constituyen violaciones graves del derecho a la vida, de la integridad personal y de las garantías del debido proceso. En términos sucintos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige que el Estado prevenga, investigue y sancione cualquier privación arbitraria de la vida; y los estándares de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza establecen que la fuerza letal solo puede ser empleada como último recurso para proteger la vida. Cuando la Policía Nacional mata a cualquier persona en circunstancias dudosas, cuando las muertes se repiten sin investigación independiente, cuando la institución se escuda en narrativas de enfrentamiento sin evidencia verificable, el Estado incurre en responsabilidad internacional.
La muerte de Darlin Mercado Reyes no es un hecho aislado, es un recordatorio profundamente doloroso de que la erradicación de la violencia policial sigue siendo una deuda urgente. El Estado dominicano necesita, entre una larga lista de cuestiones, una política integral de uso de la fuerza, mecanismos de supervisión efectivamente independientes, transparencia estadística y una transformación profunda de la cultura institucional. Las personas merecen una Policía que proteja, no que mate; que respete la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, no que los viole; que actúe con enfoque de derechos humanos, no bajo la lógica de la violencia y la impunidad.
La violencia policial es un problema estructural. Mientras el Estado dominicano no asuma su responsabilidad, seguirá cobrando vidas como la de Darlin que nunca, jamás, debieron perderse.