Vence este jueves el plazo para que el Ministerio Público presente acusación en caso Senasa
Santo Domingo, 27 julio.– Este jueves 30 vence el plazo legal para que el Ministerio Público presente la acusación formal u otro requerimiento conclusivo contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados vinculados a un presunto entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano por miles de millones de pesos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, deberá depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien tendrá la responsabilidad de apoderar al tribunal que conocerá el juicio preliminar contra los acusados, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
En caso de que el Ministerio Público no presente el requerimiento dentro del plazo establecido, el artículo 151 del Código Procesal Penal dispone que el juez de control de la investigación deberá intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en su condición de superior jerárquica inmediata de los fiscales investigadores, así como a los abogados que representan al Estado, para que presenten el requerimiento correspondiente en un plazo común de quince días.
La normativa establece que, si transcurrido ese período ninguna de las partes presenta un requerimiento conclusivo, el juez deberá declarar extinguida la acción penal sin mayor dilación.
El artículo 151 constituye un mecanismo de control destinado a impedir que las investigaciones penales permanezcan abiertas de manera indefinida sin que el Ministerio Público adopte una decisión sobre el curso del proceso.
Asimismo, la disposición legal señala que el incumplimiento de esos plazos puede generar responsabilidad civil y personal por mal desempeño del fiscal encargado del expediente. También ordena que la resolución mediante la cual se intima al Ministerio Público sea comunicada simultáneamente a la Procuraduría General de la República.
En este proceso, el juez de control de la investigación es Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien precisamente este jueves tiene programada la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Si antes del vencimiento del plazo el Ministerio Público deposita la acusación formal solicitando la apertura a juicio de fondo, el juez de control quedará desapoderado del expediente y lo remitirá a la jueza coordinadora Kenya Romero para que designe el tribunal encargado de conocer el juicio preliminar.
Los imputados
Además de Santiago Hazim, el expediente incluye como imputados a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros exfuncionarios y suplidores de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del Senasa, colaboración que les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
Las investigaciones sostienen que el supuesto entramado operó entre los años 2020 y 2025, ocasionando un perjuicio económico al Estado dominicano que inicialmente fue estimado en más de 15,000 millones de pesos, aunque pesquisas posteriores elevaron el monto presuntamente defraudado a más de 19,000 millones de pesos, mediante irregularidades que habrían afectado el sistema público de riesgos de salud.
Los cargos
El Ministerio Público atribuye a los imputados los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
La institución también ha precisado que la investigación continúa abierta y que, además de los actuales imputados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación por su presunta participación en el caso.