Voto obligatorio, descuentos y becas entran al debate para enfrentar creciente abstención electoral en RD
Por la Redacción
Santo Domingo, 12 sept.– La posibilidad de establecer el voto obligatorio, conceder descuentos en servicios públicos a quienes sufraguen, facilitar el acceso a becas y programas sociales y explorar nuevas modalidades de votación figura entre las propuestas que han entrado al debate nacional para enfrentar el crecimiento de la abstención electoral en República Dominicana, un fenómeno que alcanzó niveles preocupantes durante las elecciones de 2024.
Las alternativas aparecen recogidas en el “Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elecciones 2024”, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), por solicitud de la Junta Central Electoral (JCE).
La investigación, presentada esta semana por la JCE, analizó durante más de un año los factores sociales, políticos, culturales, económicos y logísticos relacionados con la decisión de millones de dominicanos de mantenerse alejados de las urnas.
El diagnóstico adquiere particular importancia de cara al ciclo electoral de 2028, debido a que concluye que la abstención dejó de constituir un fenómeno coyuntural y se ha convertido en un desafío estructural para el sistema democrático dominicano.
En las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2024, la abstención alcanzó 45.6 %, superando los niveles históricos habituales, que se habían situado aproximadamente entre 25 % y 40 %. Entre los dominicanos residentes en el exterior el problema fue todavía mayor, con una abstención cercana al 81 %.
Abstención también funciona como expresión de protesta
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que una parte de los ciudadanos que no acudió a votar no necesariamente lo hizo por apatía o desinterés, sino como una decisión consciente vinculada al desencanto con los candidatos, los partidos políticos y la manera tradicional de desarrollar las campañas electorales.
El estudio identifica entre los factores que alimentan la abstención la desconfianza hacia los políticos, el clientelismo, la percepción de corrupción, las promesas incumplidas y la falta de propuestas electorales capaces de entusiasmar al ciudadano.
También señala que determinados electores consideran que las opciones presentadas no representan adecuadamente sus intereses, convirtiendo en algunos casos la ausencia de las urnas en una forma de rechazo o protesta frente a la oferta política.
Sin embargo, CAPEL advierte que no toda la abstención puede interpretarse como un voto de castigo. Existen obstáculos prácticos que también dificultan la participación, como la distancia hasta los recintos electorales, problemas de transporte, obligaciones laborales, falta de tiempo y los costos asociados al desplazamiento.
Descuentos en pasaportes, licencias y documentos
Frente a ese panorama, representantes de organizaciones políticas consultados durante la investigación plantearon establecer “incentivos ciudadanos” para estimular la participación.
Entre las propuestas figura conceder a quienes ejerzan el sufragio descuentos en las tasas cobradas por determinados servicios oficiales, incluyendo la expedición o renovación de pasaportes, licencias de conducir y certificaciones del estado civil.
La lógica de la propuesta consiste en ofrecer un reconocimiento material al ciudadano que cumple con el ejercicio del sufragio y, al mismo tiempo, compensar parcialmente los costos económicos que puede representar trasladarse hasta un recinto electoral.
El estudio considera que este tipo de estímulo podría beneficiar especialmente a los sectores económicamente más vulnerables, para quienes los gastos de transporte y el tiempo empleado en acudir a votar pueden convertirse en obstáculos importantes.
Becas y programas sociales entre los incentivos planteados
Entre las alternativas discutidas también aparece conceder facilidades o algún tipo de prioridad para acceder a becas y determinados programas de asistencia social a los ciudadanos que hayan ejercido su derecho al voto.
Otra propuesta consiste en eliminar temporalmente el cobro de los peajes durante el día de las elecciones, con el propósito de disminuir los costos de desplazamiento de las personas que necesitan movilizarse para acudir a sus respectivos colegios electorales.
Las propuestas forman parte de los testimonios y recomendaciones recogidos durante la investigación y no significan que la JCE haya decidido implementarlas.
Voto obligatorio entra al debate
Una de las propuestas de mayor alcance es abrir formalmente la discusión sobre la posibilidad de convertir el sufragio en obligatorio, con determinadas excepciones establecidas por ley.
El informe recoge planteamientos según los cuales la JCE podría evaluar eventualmente la elaboración de un anteproyecto de ley destinado a establecer esa obligación.
Los defensores de esta alternativa entienden que podría elevar considerablemente la participación y contribuir a enfrentar determinadas prácticas destinadas a impedir que ciudadanos acudan a votar, entre ellas la denunciada retención o compra de documentos de identidad durante las jornadas electorales.
La propuesta, sin embargo, plantea un debate jurídico y constitucional relevante porque el artículo 208 de la Constitución dominicana define el sufragio como un derecho y un deber, pero establece al mismo tiempo que el voto es personal, libre, directo y secreto y que nadie puede ser obligado o coaccionado en el ejercicio de ese derecho.
Por esa razón, cualquier intento de convertir la participación electoral en jurídicamente obligatoria requeriría un análisis profundo sobre su compatibilidad con el ordenamiento constitucional y sobre las consecuencias para quienes decidieran no votar.
Voto electrónico y nuevas modalidades para el exterior
La investigación presta especial atención a los dominicanos residentes fuera del país, debido al extraordinariamente elevado nivel de abstención registrado entre ese segmento del electorado.
Entre las alternativas señaladas aparecen mecanismos como el voto electrónico, voto anticipado y voto postal, particularmente para ciudadanos residentes en el exterior que actualmente deben recorrer grandes distancias para llegar a determinados centros electorales.
La intención sería reducir las barreras geográficas y facilitar la participación de una diáspora que cuenta con un peso creciente dentro del padrón electoral dominicano.
Tamaño de circunscripciones también estaría desmotivando
El estudio introduce además otro elemento de discusión relacionado con la estructura de las circunscripciones electorales.
CAPEL y el Tribunal Superior Electoral (TSE) plantean que muchas circunscripciones dominicanas tienen un tamaño reducido, situación que puede limitar la proporcionalidad en la distribución de escaños mediante métodos como el sistema D’Hondt.
De acuerdo con los hallazgos, esa situación puede generar entre algunos ciudadanos la percepción de que votar por organizaciones pequeñas o candidaturas alternativas difícilmente se traducirá en representación política efectiva.
El informe recoge la propuesta de evaluar un eventual rediseño de determinadas demarcaciones electorales, incluyendo la posibilidad de unificar circunscripciones pequeñas para crear distritos de mayor tamaño y mejorar la proporcionalidad entre votos obtenidos y representación alcanzada.
Financiamiento de partidos también bajo cuestionamiento
Otro elemento analizado es el financiamiento público de las organizaciones políticas.
El estudio recoge propuestas para revisar las categorías mediante las cuales se distribuyen los recursos estatales entre los partidos, procurando que exista una relación más proporcional con el respaldo recibido en las urnas.
La investigación advierte además sobre el elevado costo de las campañas electorales y la posible influencia de recursos de procedencia no identificada, factores que dificultan que dirigentes comunitarios o candidatos con menores posibilidades económicas puedan competir en igualdad de condiciones.
Encuestas podrían generar sensación de elección decidida
Los partidos consultados expresaron también preocupación por la utilización de determinadas encuestas como herramientas de propaganda electoral.
Según los testimonios recogidos, la publicación reiterada y anticipada de sondeos que presentan ventajas muy amplias para determinados candidatos puede crear entre algunos electores la impresión de que “la elección ya está decidida”.
Esa percepción podría disminuir la motivación para votar, especialmente entre ciudadanos que consideran que su participación no tendrá capacidad para modificar el resultado.
Procuraduría plantea respuesta rápida a delitos electorales
La investigación también incorpora propuestas de la Procuraduría General de la República dirigidas a fortalecer la persecución de los delitos electorales.
Entre ellas figura revisar la legislación para definir con mayor precisión determinadas conductas ilícitas y evitar confusiones jurídicas que dificulten los procesos penales.
También se plantea establecer equipos de policía técnica electoral en las distintas demarcaciones, preparados para realizar arrestos especializados y garantizar adecuadamente la cadena de custodia de pruebas como dinero o documentos de identidad.
Otra recomendación contempla extender el uso de la firma digital entre jueces, de manera que durante una jornada electoral puedan tramitarse en cuestión de minutos órdenes judiciales necesarias para investigar y perseguir delitos.
El informe propone además estudiar una regulación específica frente a la desinformación digital destinada deliberadamente a sabotear o alterar el normal desarrollo de una jornada electoral.
JCE crea subcomisión para estudiar recomendaciones
Tras recibir los resultados, el Pleno de la Junta Central Electoral creó una Subcomisión de Abstención Electoral, nacional y en el exterior, que tendrá la responsabilidad de analizar los hallazgos y trabajar sobre posibles respuestas institucionales.
El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, llamó a no permitir que el estudio termine simplemente archivado y sostuvo que las interrogantes planteadas por la investigación deben ser examinadas por las instituciones electorales, los partidos, la sociedad civil, la academia y otros actores nacionales.
El desafío, según las conclusiones de CAPEL, no consiste únicamente en pedir al ciudadano que vote. También requiere recuperar la confianza en la política, renovar las propuestas de los partidos, fortalecer la educación cívica y reducir las barreras económicas y logísticas que dificultan el ejercicio del sufragio.
De esta manera, el debate sobre el voto obligatorio, los incentivos económicos, las becas, el voto electrónico y otras facilidades comienza a perfilarse como parte de una discusión más amplia que República Dominicana deberá afrontar antes de las elecciones de 2028, aunque ninguna de esas medidas ha sido aprobada hasta el momento.