Aprueban primero... y después de las críticas descubren que había que revisar

Hay una costumbre que parece haberse instalado cómodamente en algunos salones del Congreso Nacional y en ciertos despachos del Poder Ejecutivo: primero se aprueba una ley, luego se promulga y, cuando comienzan los gritos de los sectores afectados, entonces llega la gran conclusión: "hay que reformarla".

En cualquier empresa privada, un gerente que lance un producto defectuoso para luego anunciar que lo arreglará sobre la marcha tendría problemas serios con su consejo de administración. En la administración pública dominicana, en cambio, eso parece convertirse en parte del procedimiento.

Ahí está la reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Su primera aprobación provocó una verdadera tormenta entre empresarios, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿La razón? El sistema de contribuciones no tomaba como referencia la cantidad de basura producida por cada empresa, sino el tamaño de sus ingresos. Traducido al lenguaje cotidiano: no importaba cuánta basura sacara, sino cuánto dinero facturara.

Las críticas fueron tan fuertes que la ley terminó atrapada en una curiosa zona gris. Permaneció semanas sin que el Poder Ejecutivo la promulgara ni la observara, a pesar de que la Constitución fija un plazo para hacerlo. Juristas comenzaron a preguntarse qué ocurría con una ley que ni nacía oficialmente ni tampoco era devuelta al Congreso. Era como si hubiera quedado estacionada en una especie de limbo constitucional.

Al final hubo que volver a empezar. Otra vez al Congreso. Otra vez modificaciones. Otra vez debates. Otra vez aprobación. Dos recorridos legislativos para una misma ley. No precisamente un récord para exhibir como ejemplo de eficiencia.

Y cuando todavía no terminaba ese episodio apareció el nuevo Código Penal.

Veinte años duró recorriendo pasillos, comisiones, vistas públicas, consensos, desacuerdos, informes, modificaciones y discursos. Finalmente fue aprobado y promulgado. Parecía que el país, por fin, cerraba uno de los capítulos legislativos más largos de su historia.

Duró poco la celebración.

Apenas comenzó a leerse con detenimiento aparecieron las críticas desde prácticamente todos los frentes. Las tres causales volvieron al centro del debate. Juristas cuestionaron la posibilidad de imponer penas acumuladas de hasta 60 años de prisión. Organizaciones de prensa advirtieron riesgos para la libertad de expresión. Gremios médicos expresaron preocupación por disposiciones que podrían afectar el ejercicio profesional. Académicos encontraron artículos ambiguos. Y comenzaron a llegar recursos al Tribunal Constitucional.

Lo más llamativo no fue la lluvia de cuestionamientos.

Lo verdaderamente llamativo fue que el propio Gobierno, apenas días después de promulgar la ley, anunciara que prepara un proyecto para modificar varios de sus artículos antes incluso de que el Código entre en vigencia el próximo 3 de agosto.

Es decir, el Congreso lo aprueba. El Presidente lo promulga. Y después ambos concluyen que necesita cambios.

Difícil encontrar una mejor ilustración de aquello de construir el avión mientras ya está despegando.

Y por si faltaba un tercer ejemplo, ahí está el Código de Trabajo.

Tres años de reuniones entre el Gobierno, empresarios y sindicatos. Horas y horas de negociaciones. Acuerdos parciales. Consensos. El proyecto llega al Congreso. El Senado lo aprueba. Todo indica que la Cámara de Diputados dará el paso final.

Pero no.

Cuando parecía que la meta estaba a pocos metros, apareció otro "compás de espera". A solicitud del propio presidente Luis Abinader, la reforma volvió a salir de la agenda para retomar las conversaciones sobre la cesantía, precisamente el punto que nunca terminó de resolverse.

Y el país vuelve al punto de partida.

Los tres casos dejan una misma fotografía institucional. No se trata de que existan diferencias; eso ocurre en todas las democracias. El problema aparece cuando esas diferencias sobreviven incluso después de haber concluido el proceso legislativo.

Las leyes no deberían convertirse en borradores permanentes. Para eso existen las consultas públicas, las comisiones técnicas, los estudios de impacto y los debates parlamentarios. La idea es que las grandes controversias se resuelvan antes de levantar la mano para votar, no después de que la tinta de la promulgación apenas se haya secado.

Porque al final la sensación que queda es incómoda.

Que el Congreso aprueba... el Ejecutivo promulga... y después ambos descubren que todavía faltaba leer la letra pequeña.

Y esa, definitivamente, no debería ser la mejor carta de presentación de dos poderes llamados a producir leyes estables, previsibles y bien pensadas.