Diputados abrirán diálogo para introducir cambios al Código Penal ante cuestionamientos de diversos sectores
Santo Domingo, 7 julio.– La Cámara de Diputados acordó este martes iniciar un proceso de diálogo con representantes de distintos sectores de la sociedad para introducir modificaciones puntuales al nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para comienzos de agosto, luego de que aumentaran las críticas sobre varias de sus disposiciones.
La decisión fue adoptada por la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente del organismo legislativo, Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las diferentes bancadas representadas en el hemiciclo, quienes coincidieron en la necesidad de escuchar los planteamientos de los sectores que han expresado preocupación por algunos artículos de la nueva legislación.
De acuerdo con lo informado, el proceso de consultas comenzará de inmediato y estará enfocado en revisar aspectos específicos del Código Penal que han generado mayor controversia, especialmente los relacionados con la libertad de expresión, la difamación, la injuria, el ejercicio del periodismo y la responsabilidad penal derivada del ejercicio de la medicina.
La iniciativa surge a pocas semanas de que la Ley 74-25 entre en vigor, en medio de un intenso debate nacional que involucra a juristas, organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales, medios de comunicación y legisladores de distintas organizaciones políticas.
En las últimas semanas, periodistas, abogados, médicos y entidades defensoras de derechos fundamentales han advertido que algunos artículos podrían dar lugar a restricciones indebidas a la libertad de expresión y de prensa, además de abrir la posibilidad de sanciones penales que consideran desproporcionadas para quienes ejercen actividades informativas o profesionales.
Uno de los sectores más activos en las críticas ha sido el Colegio Médico Dominicano (CMD), que sostiene que determinadas disposiciones podrían aumentar la judicialización del ejercicio de la medicina y desalentar la práctica profesional por el temor a consecuencias penales derivadas de actuaciones médicas.
De igual manera, organizaciones vinculadas a los medios de comunicación han manifestado preocupación por artículos relacionados con la difamación, la injuria y la responsabilidad por publicaciones, al considerar que podrían convertirse en mecanismos que limiten el ejercicio de un periodismo crítico.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también propuso la apertura de un diálogo institucional entre el Congreso Nacional, la Sociedad Dominicana de Diarios, gremios periodísticos, juristas y organizaciones de la sociedad civil para revisar las disposiciones cuestionadas y procurar un equilibrio entre la protección de la honra de las personas y la garantía constitucional de la libertad de expresión.
La decisión anunciada por la Cámara de Diputados representa un cambio de posición respecto a planteamientos anteriores de algunos legisladores que defendían la entrada en vigencia del Código Penal sin modificaciones previas, bajo el argumento de que cualquier corrección podía realizarse posteriormente mediante reformas legislativas.
Paralelamente, en el Congreso Nacional han sido sometidas iniciativas que procuran ampliar el período de vacatio legis del Código Penal para disponer de más tiempo para revisar las disposiciones que generan controversias. Entre ellas figura una propuesta presentada por el diputado Charlie Mariotti y otra impulsada desde el Senado, ambas orientadas a extender por seis meses la entrada en aplicación de la normativa mientras se realizan las correcciones necesarias.
El nuevo Código Penal fue promulgado el pasado año con un período de un año antes de su entrada en vigor, precisamente para permitir la adecuación del sistema de justicia y de las instituciones encargadas de su aplicación. Sin embargo, conforme se acerca la fecha prevista para su implementación, las objeciones de distintos sectores han reavivado el debate sobre la conveniencia de introducir ajustes antes de que la legislación comience a producir efectos jurídicos.
Con la apertura de esta ronda de consultas, la Cámara de Diputados busca construir consensos que permitan corregir los artículos más cuestionados sin alterar la estructura general del Código Penal, en un intento por reducir las tensiones surgidas alrededor de una de las reformas legislativas más debatidas de los últimos años.