Hacienda justifica retraso en pago a anciana fallecida por falta de documentación a tiempo

Santo Domingo, 16 de enero. El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana aclaró este miércoles las razones detrás del retraso en el pago de 85 millones de pesos a la señora Eladia María Mercedes de Ozuna, de 92 años, y su familia, como resultado de una sentencia judicial que reconoce el derecho de los propietarios originales de los terrenos donde se construyó el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) en la década de 1950.

Mercedes de Ozuna falleció el pasado 14 de enero, pero el derecho al pago fue heredado por sus hijos, quienes ahora continúan el proceso. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) había fallado a favor de la familia en 2021, estableciendo el pago como compensación por la expropiación de las tierras. Sin embargo, tres años después, el monto sigue pendiente de desembolso.

Según el Ministerio de Hacienda, la demora se debe a que los representantes legales de la familia Ozuna Mercedes no entregaron la documentación requerida dentro del plazo establecido por la resolución 198-18, que regula las solicitudes de inclusión de sentencias judiciales en el Presupuesto General del Estado. La fecha límite era el 1 de agosto de 2024, pero los documentos fueron presentados el 29 de agosto, casi un mes después.

«La documentación requerida fue entregada fuera del plazo establecido. Por esta razón, no fue posible completar los trámites requeridos para su sometimiento a apropiación o inclusión en el presupuesto correspondiente al ejercicio corriente de 2025», explicó Hacienda en un comunicado oficial.

La Ley 86-11 sobre Fondos Públicos establece que las sentencias condenatorias contra el Estado deben ser pagadas con cargo a la partida presupuestaria de la entidad pública afectada. Si no hay fondos suficientes en el presupuesto del año en curso, el Ministerio de Hacienda debe incluir el pago en el presupuesto del año siguiente.

Proyecciones de pago y coordinación con la familia

El Ministerio aseguró que está trabajando en coordinación con los representantes legales de la familia para completar los trámites necesarios y garantizar la inclusión del pago en el presupuesto de 2026. Según una carta enviada por el ministro Jochi Vicente al abogado Ángel Lockward a finales de 2024, el proceso legal y administrativo está correcto, pero el pago no podrá realizarse antes del próximo ciclo presupuestario.

El TSA, en su sentencia 0030-02-2020-SSEN-00384, ordenó al Estado pagar 7,625 pesos por metro cuadrado de los terrenos expropiados. Sin embargo, la falta de cumplimiento ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del sistema para satisfacer sentencias condenatorias contra el Estado.

Eladia María Mercedes de Ozuna vivió en condiciones de extrema pobreza en La Caleta, Boca Chica, tras haber perdido sus tierras. En sus últimos años, estaba invidente, postrada en una silla de ruedas y enfrentando problemas de salud como diabetes e hipertensión. Su situación se convirtió en un símbolo de las luchas por justicia en el país, reflejando las dificultades que enfrentan las personas de escasos recursos para obtener compensaciones legítimas del Estado.

El Ministerio de Hacienda explicó en detalle el proceso necesario para realizar el pago de una sentencia condenatoria. Una vez que se completan los trámites de inclusión presupuestaria, el ministerio, junto con los acreedores o sus representantes legales, inicia la etapa de procesamiento de pago. Esto implica la presentación de la documentación requerida para elaborar el libramiento correspondiente, que debe ser aprobado por la Contraloría General de la República.

Dichos requerimientos varían según el origen de la obligación, ya sea por expropiación de inmuebles, prestación de servicios, adquisición de bienes, construcción de obras, prestaciones laborales u otros conceptos. Hacienda también aclaró que es necesario validar información personal o institucional del beneficiario para garantizar que el expediente no esté afectado por oposiciones legales o impedimentos interpuestos por terceros.

«El trámite concluye cuando se cumplen todos los requisitos documentales y de información establecidos en la legislación vigente, así como en las normas dictadas por el Ministerio de Hacienda y los órganos de control interno del Estado», subrayó el comunicado.

Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las personas afectadas por sentencias condenatorias contra el Estado. A pesar de los avances en el marco jurídico, los retrasos en el cumplimiento de sentencias continúan generando tensiones y cuestionamientos sobre la efectividad de las instituciones responsables.