Ministerio Público asegura haber demostrado red de corrupción encabezada por Juan Alexis Medina
SANTO DOMINGO, 30 julio.- El Ministerio Público declaró ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que ha logrado demostrar de forma “contundente y sobreprobada” la existencia de un entramado de corrupción administrativa encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez, que, según afirmó, sustrajo al Estado dominicano más de 5,000 millones de pesos mediante contratos fraudulentos, tráfico de influencias y lavado de activos.
El órgano acusador sostuvo que presentó más de 1,700 pruebas documentales, 98 testimoniales y 84 materiales que sustentan su acusación contra Medina Sánchez y un grupo de coimputados, a quienes señala como integrantes de una red que operó de forma sistemática y coordinada para desfalcar fondos públicos.
Según expresó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, se trata de “un caso sobreprobado por el Ministerio Público, que se apoya en evidencias sólidas y múltiples experticias”.
El Ministerio Público afirmó que durante el juicio quedaron demostradas acciones como el pago de sobornos mediante cheques emitidos por empresas vinculadas a Medina Sánchez, sesiones de crédito falsificadas respaldadas por peritajes caligráficos y reuniones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), donde el acusado habría ejercido tráfico de influencias para beneficiar a su red empresarial.
El Ministerio Público también criticó que la declaración de Medina Sánchez ante el tribunal omitió elementos fundamentales del caso, como los indicios financieros, documentales y testimoniales que, a su juicio, evidencian su responsabilidad penal.
“De este proceso, sin duda, vendrá una sentencia condenatoria. El Ministerio Público ha hecho su parte y ahora corresponde al sistema de justicia responder con la decisión que espera la sociedad”, expresó Ortiz.
Tras la conclusión de los debates, el tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, fijó la lectura del fallo para el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana.
Ministerio Público solicita múltiples condenas y sanciones accesorias
El Ministerio Público recordó que solicitó una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Juan Alexis Medina Sánchez, junto con la inhabilitación por 10 años para contratar con el Estado o ejercer cargos públicos, el decomiso de bienes incautados, y la degradación cívica por la pérdida de derechos civiles y políticos, conforme a la Constitución.
Asimismo, el órgano acusador solicitó condenas de 15 años de prisión para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, además de multas de 200 salarios mínimos.
Para Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez (hermana de Alexis Medina), Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas, pidió sentencias de 10 años de prisión.
El Ministerio Público también solicitó penas de 10 años y multas de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y Rafael Antonio Germosén Andújar, el Ministerio Público pidió cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos. Para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oisoe, solicitó una condena de tres años.
El Ministerio Público solicitó además que todas las penas sean cumplidas en los centros penitenciarios de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
Acuerdos judiciales y decomisos solicitados
Sobre Víctor Matías Encarnación Montero, el Ministerio Público informó que se llegó a un acuerdo mediante el cual se solicita una condena de cinco años de prisión suspendida, el pago de una multa de 500 salarios mínimos y el cumplimiento de condiciones como residir en domicilio fijo, no ocupar cargos públicos ni en entidades financieras y comparecer periódicamente ante un juez.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de 15 millones de pesos entregados por Encarnación Montero o de bienes equivalentes, de acuerdo con la Ley de Lavado de Activos. Además, pidió el decomiso de todos los bienes obtenidos a través de contratos irregulares que, según afirmó, han sido probados durante el desarrollo del juicio.
Delitos que el Ministerio Público imputa a los acusados
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de liderar una estructura societaria orientada a obtener contratos estatales en condiciones fraudulentas, mediante uso de documentos falsos, testaferrato y simulaciones contractuales. Se le imputa tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desfalco y financiamiento ilegal de campañas políticas.
De acuerdo con el Ministerio Público, José Dolores Santana Carmona fungía como prestanombre y facilitador financiero, mientras que Wacal Vernabel Méndez Pineda actuaba como representante de empresas creadas por Medina Sánchez para ocultar el origen ilícito de fondos públicos.
Fernando Aquilino Rosa Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, desde el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), habrían avalado operaciones irregulares para beneficiar al grupo acusado. El Ministerio Público también acusó a Carlos José Alarcón de manejar operaciones contables para encubrir los movimientos financieros ilícitos de la red.
Según el Ministerio Público, Ramón Brea Morel y Lina Ercilia de la Cruz Vargas fueron parte de la estructura financiera de ocultamiento, mientras que otros coimputados como Valenzuela Matos, Molina Suazo, Montes de Oca, Alcántara Batista, Genao Torres, Florentino Méndez y Cabreja Gómez participaron en maniobras de lavado y testaferrato.
José Idelfonso Correa Martínez enfrenta, además del cargo de lavado, imputaciones por porte ilegal de armas. Ramírez Pacheco, Hidalgo Núñez y Germosén Andújar fueron acusados de corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos, según el expediente del Ministerio Público.
El órgano acusador reiteró que todas estas imputaciones han sido sustentadas con un amplio cuerpo probatorio que, a su entender, demuestra la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados. Afirmó que la magnitud del caso y el impacto sobre los recursos públicos ameritan una respuesta firme del sistema judicial dominicano.
