Imponen un año de prisión preventiva a agente migratorio y chofer acusados de cobrar sobornos a haitianos indocumentados
Santo Domingo, 29 junio. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un agente de la Dirección General de Migración (DGM) y un chofer de esa institución, acusados de cobrar sobornos a migrantes haitianos en condición irregular y utilizar un vehículo oficial para trasladarlos de manera ilícita.
La medida fue dictada contra el inspector migratorio Gustavo Adolfo García Vásquez y el chofer Joel Antonio Castillo Reynoso, ambos adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria de la DGM con asiento en Puerto Plata.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, quienes argumentaron que los imputados carecen de arraigo suficiente para beneficiarse de una medida de coerción distinta a la prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, cuando ambos servidores públicos recibieron la misión de trasladar en un camión oficial de la Dirección General de Migración a 32 ciudadanos haitianos indocumentados —31 hombres y una mujer— desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, donde serían sometidos al proceso de deportación.
El Ministerio Público explicó que, tras completar esa misión, García Vásquez y Castillo Reynoso no tenían autorización para transportar personas durante el viaje de regreso a Puerto Plata. Sin embargo, fueron sorprendidos cuando trasladaban a 22 ciudadanos haitianos indocumentados adicionales, entre ellos varios menores de edad, en el mismo vehículo oficial.
La detención se produjo en flagrante delito durante un operativo realizado por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, del municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
El expediente establece que el camión oficial, marca Shacman, color blanco, levantó sospechas debido a que circulaba con migrantes en dirección contraria a la ruta hacia el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, lugar donde horas antes había dejado al grupo de 32 extranjeros trasladados desde Puerto Plata.
Cuando fueron detenidos en un puesto de control migratorio en Montecristi y se les preguntó qué transportaban en el vehículo, los imputados respondieron que llevaban ciudadanos haitianos. Las autoridades observaron una actitud nerviosa e inquieta por parte de ambos, lo que motivó la inspección del camión.
Durante la revisión fueron encontrados los 22 migrantes indocumentados, quienes viajaban sentados en la parte trasera del vehículo de carga.
Al requerírseles la documentación que acreditara su permanencia legal en el país, todos manifestaron carecer de visas o cualquier otro documento migratorio. Dos de ellos declararon que tenían un empleador esperándolos en Puerto Plata y que por su traslado se pagarían RD$22,000 y RD$24,000, respectivamente.
Las investigaciones determinaron además que ninguno de los 22 extranjeros había sido detenido durante operativos oficiales de interdicción migratoria, ya que sus nombres no figuraban en los registros levantados por la Dirección General de Migración ese día.
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron su condición de empleados públicos, así como los recursos y equipos asignados por el Estado, para facilitar el traslado irregular de migrantes a cambio del pago de sobornos.
Según el expediente, por cada traslado ilícito se cobraban sumas que oscilaban entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona, pagos que eran realizados en efectivo o mediante transferencias bancarias, generalmente efectuadas por familiares de los migrantes residentes en Haití o en la República Dominicana.
La investigación también establece que, en algunos casos, los ciudadanos haitianos eran captados previamente a través de redes sociales o por medio de agencias de viajes que les ofrecían ingresar a territorio dominicano o continuar hacia otros destinos sin cumplir los requisitos migratorios establecidos por la ley.
La jueza Javierca Gómez dispuso que ambos imputados cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones para determinar la posible participación de otras personas en la presunta red de tráfico ilícito de migrantes.
García Vásquez y Castillo Reynoso son investigados por presunta violación del artículo 146 de la Constitución de la República, así como de los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, relacionados con actos de corrupción, soborno y cohecho. También enfrentan cargos por presunta violación del artículo 3 de la Ley 46-25, que modifica el artículo 2 de la Ley 137 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.