Presidente Abinader establece comisión para supervisar Fondos de Concesión Aeroportuaria
La comisión presentará informes trimestrales al Poder Ejecutivo sobre los avances en la inversión de los recursos provenientes de la contraprestación del contrato de concesión.
Santo Domingo, 7 febrero – El presidente Luis Abinader, emitió el Decreto número 79-24 para la creación de una comisión especial encargada de vigilar el uso adecuado de los fondos provenientes del contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos internacionales José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, María Montez y el Aeropuerto Doméstico Arroyo Barril.
La comisión, presidida por Ricardo Francisco Tadeo Canalda Carvajal, estará funcionalmente dependiente del Presidente de la República y administrativamente adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Su principal responsabilidad será acceder a la información financiera relacionada con el uso de los fondos que el Estado dominicano reciba como contraprestación del mencionado contrato de concesión.
Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno de Abinader con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
La comisión, conformada por destacadas personalidades como Julio Maximiliano Suero Marranzini y Circe Minnet Almánzar Melgen, entre otros, trabajará sin perjuicio de las disposiciones constitucionales y legales relativas a los controles internos y externos de los fondos públicos.
Como medida adicional de transparencia, la comisión presentará informes trimestrales al Poder Ejecutivo sobre los avances en la inversión de los recursos provenientes de la contraprestación del contrato de concesión. Además, se destaca la colaboración institucional requerida a los entes y órganos del Poder Ejecutivo para suministrar la información necesaria.
La Comisión, ejerciendo sus funciones de manera honorífica, cesará su existencia cuando la totalidad de los fondos percibidos por el Estado dominicano, derivados del contrato en cuestión, se hayan invertido en las obras públicas previstas por el Poder Ejecutivo.
Este decreto, firmado el cinco de febrero del año 2024 en Santo Domingo de Guzmán, reafirma el compromiso del gobierno dominicano con la rendición de cuentas y la adecuada gestión de los recursos públicos.
