República Dominicana y Chile crean equipo conjunto para investigar trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de activos
Santo Domingo, 21 julio.– La Procuraduría General de la República y la Fiscalía Nacional de Chile firmaron un acuerdo de cooperación jurídica internacional para la creación de un equipo conjunto de investigación destinado a combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otras modalidades del crimen organizado transnacional.
El convenio fue suscrito por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, quienes destacaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos países para enfrentar delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.
Se trata del primer acuerdo de esta naturaleza firmado por la República Dominicana bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
El documento también fue rubricado por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y por Francisco Jacir Manterola, fiscal regional metropolitano Centro Norte de Chile, quien encabezó recientemente una misión oficial de trabajo en el país.
La ceremonia de firma se realizó en el despacho de la Procuradora General de la República y contó con la presencia del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y del embajador de Chile en la República Dominicana, Iván Favereau.
Durante el acto, Yeni Berenice Reynoso calificó como un paso trascendental la formalización del acuerdo y afirmó que la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes constituye una prioridad dentro de la política de persecución del crimen organizado que desarrolla el Ministerio Público dominicano.
La procuradora explicó que el combate a estos delitos se realiza mediante un esfuerzo coordinado entre distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otros organismos vinculados a la seguridad y la persecución penal.
Reynoso reveló que, incluso antes de la firma del convenio, fiscales de ambos países ya desarrollaban investigaciones coordinadas al amparo de la Convención de Palermo, fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional.
Indicó que la trata de personas constituye una de las expresiones más graves de violación de los derechos humanos y la calificó como una forma de esclavitud moderna.
Asimismo, explicó que este tipo de investigaciones suele desarrollarse de manera paralela con pesquisas por lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales buscan legitimar las ganancias obtenidas mediante la explotación de sus víctimas e incorporarlas al sistema financiero formal.
La procuradora destacó que el objetivo de estos equipos conjuntos no se limita a obtener condenas judiciales, sino también a garantizar la protección de las víctimas y preservar sus derechos fundamentales.
"Del trabajo de los equipos de investigación depende la vida y la calidad de vida de muchas personas", expresó Reynoso, al resaltar que la cooperación internacional constituye una herramienta indispensable para enfrentar eficazmente las redes criminales transnacionales.
Añadió que el fortalecimiento de estos mecanismos de colaboración representa un objetivo estratégico para salvar vidas, proteger la dignidad humana y desarticular las estructuras dedicadas a estos delitos.
Chile resalta la importancia del trabajo conjunto
Por su parte, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, señaló que el convenio permitirá establecer una cooperación operativa permanente entre los ministerios públicos de ambos países.
Explicó que el acuerdo facilitará la conformación de equipos integrados por fiscales y cuerpos policiales dominicanos y chilenos para desarrollar investigaciones coordinadas contra organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional.
Valencia sostuvo que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes representan problemas que afectan directamente tanto a Chile como a la República Dominicana y que, por esa razón, requieren respuestas coordinadas entre las autoridades de ambos Estados.
El funcionario destacó además la importancia del intercambio de experiencias entre fiscales de ambas naciones para identificar las estrategias que han demostrado mayor efectividad en la persecución de estas estructuras criminales.
"Estas acciones buscan ofrecer mayores niveles de seguridad a la ciudadanía y permitir que las personas puedan sentirse más tranquilas al saber que ambos países trabajan de manera coordinada frente a estas amenazas", afirmó.
Alcance del acuerdo
El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y busca fortalecer los instrumentos de cooperación jurídica internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción.
Entre sus principales objetivos figura la coordinación de investigaciones relacionadas con redes de tráfico de migrantes y operaciones de lavado de activos, con el propósito de identificar a los responsables, llevarlos ante los tribunales y afectar los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
El acuerdo también contempla acciones dirigidas a garantizar la protección de la vida, la integridad física y los derechos de las personas migrantes víctimas de estas organizaciones criminales.
Asimismo, permitirá desarrollar investigaciones conjuntas, intercambiar información sobre procesos penales en curso en ambas jurisdicciones y recopilar evidencias, documentos y otros elementos probatorios que fortalezcan las investigaciones y los procesos judiciales.
En la firma del convenio participaron además los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Osvaldo Bonilla, titulares de las direcciones de Persecución y de Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público; los directores de Inteligencia y Migración, Luis Soto y el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; la abogada del Ministerio Público de Chile, Tania Gajardo; el subjefe de misión de la Embajada de Chile, Alejandro Pérez; el cónsul chileno Sebastián López, y la procuradora de corte Danissa Cruz, responsable del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Repatriados del Ministerio Público dominicano.