Solicitarán prisión preventiva contra hombre acusado de ejercer odontología sin licencia y causar lesiones permanentes
Santo Domingo, 03 julio.– El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará prisión preventiva como medida de coerción contra Franklin José Almánzar Escarramán, acusado de ejercer ilegalmente la odontología y de provocar lesiones permanentes a una paciente durante un procedimiento quirúrgico realizado en un consultorio de la provincia La Vega.
La solicitud será presentada ante el tribunal competente luego del arresto de Almánzar Escarramán, de 51 años, quien, según las investigaciones, practicaba la odontología sin poseer el exequátur requerido por la ley.
El procedimiento fue realizado en el consultorio de su hermano, el odontólogo William Radhamés Almánzar Escarramán, de 52 años, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, de La Vega.
Ambos fueron arrestados mediante orden judicial tras entregarse voluntariamente en la Subdirección Regional de la Policía Nacional. Franklin José Almánzar enfrenta cargos por ejercer ilegalmente la odontología, mientras que su hermano es investigado por presunta complicidad al permitir que realizara procedimientos en su consultorio.
La titular de la Fiscalía de La Vega, procuradora de corte Aura Luz García Martínez, informó que el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción respetando las garantías del debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero, cuando la víctima acudió al consultorio para someterse a la extracción de sus cuatro terceros molares, procedimiento que sería cubierto por su seguro médico.
Según el expediente, tras una evaluación inicial, la paciente recibió una receta para autorizar la cirugía, la cual fue ejecutada por Franklin José Almánzar Escarramán, quien presuntamente ejercía la profesión sin contar con la autorización legal correspondiente.
Durante la intervención, el imputado administró anestesia a la paciente y posteriormente le indicó que tendría que cortar parte del hueso porque, supuestamente, sus dientes eran "de titanio". Acto seguido comenzó a golpear con instrumentos odontológicos la zona intervenida.
Las investigaciones establecen que, luego de aproximadamente cuatro horas de intentos fallidos para extraer las piezas dentales, el imputado decidió cambiar el procedimiento y anunció que retiraría una de las muelas superiores. En medio de la intervención, la paciente manifestó intensos dolores, por lo que, según el expediente, el acusado respondió que le administraría una anestesia general.
Tras abandonar el consultorio, la mujer continuó presentando fuertes dolores e inflamación facial, por lo que buscó atención con otros especialistas. Las evaluaciones médicas posteriores determinaron que había sufrido graves daños como consecuencia del procedimiento practicado.
Una certificación médica expedida el 5 de febrero de 2026 señala que la paciente presenta lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial persistente, edema facial moderado, nervios atrofiados, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha y alveolitis ambulatoria.
El Ministerio Público sostuvo que las actuaciones atribuidas a los hermanos Almánzar Escarramán constituyen una violación a la Ley General de Salud No. 42-01 y a la Ley No. 63-18, que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, advirtiendo que el procedimiento realizado pudo incluso haber puesto en riesgo la vida de la paciente.
Como parte de las evidencias recolectadas durante la investigación figura una certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública que establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequátur para ejercer la odontología en la República Dominicana.
El expediente también incluye otras pruebas documentales y periciales que, según el órgano acusador, vinculan a ambos imputados con los hechos investigados.
El caso ha recibido, de manera provisional, la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 94, 156, 162, 164 y 166 de la Ley General de Salud No. 42-01.
Como parte del proceso, el Ministerio Público obtuvo la Autorización Judicial de Arresto No. 2026-AJ0051569, emitida por la jueza Adaías Sánchez Collado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, lo que permitió la detención de los dos hermanos mientras continúan las investigaciones del caso.