Tribunal mantiene retenidas evidencias a imputado en caso de presunta red de sobornos
Santo Domingo, 1 julio.– El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó parcialmente la solicitud presentada por uno de los imputados en el proceso judicial contra una presunta red de cobro de sobornos integrada por militares y un civil, al decidir que varios de los bienes incautados durante la investigación deben permanecer bajo custodia por su importancia como evidencias del caso.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, acogiendo los argumentos expuestos por el Ministerio Público durante una audiencia en la que la fiscal litigante Rosa María Pichardo sostuvo que los objetos retenidos mediante allanamiento constituyen elementos relevantes para el proceso penal y podrían ser objeto de decomiso en una etapa posterior.
La solicitud fue presentada por el imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien pidió la devolución de los efectos ocupados durante los operativos realizados por las autoridades. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existían las condiciones jurídicas para ordenar la entrega de esos bienes debido a su posible vinculación con la investigación.
Al término de la audiencia, la fiscal Pichardo explicó que la magistrada entendió que los bienes reclamados podrían ser solicitados posteriormente en decomiso, razón por la cual rechazó el recurso presentado por Fernández Espinal respecto a esos efectos.
No obstante, la representante del Ministerio Público precisó que la institución no objetó la devolución de aquellos artículos incautados que carecen de interés probatorio y que no guardan relación con los hechos investigados, por lo que el tribunal autorizó la entrega de esos bienes específicos.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Fernández Espinal figura entre los integrantes de una presunta estructura de corrupción dedicada al cobro de sobornos, la cual fue desmantelada por el Ministerio Público el pasado año y que, según las investigaciones, habría afectado procesos de contratación y funcionamiento de diversas instituciones públicas.
Entre las entidades presuntamente impactadas por las operaciones de la red figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Además de Fernández Espinal, el Ministerio Público mantiene sometidos a proceso al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
Los imputados enfrentan acusaciones por presunta violación de los artículos 177, 178, 179, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relacionados con los delitos de soborno, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado. Asimismo, el Ministerio Público les atribuye la violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución, que prohíbe los actos de corrupción administrativa.
La acusación también incluye cargos por presunto lavado de activos, sustentados en los artículos 3, 4 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al considerar que los procesados habrían utilizado mecanismos para ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
El proceso judicial continúa en la etapa preparatoria, mientras el Ministerio Público prosigue con la presentación de pruebas y actuaciones destinadas a sustentar la acusación contra los integrantes de la presunta red de corrupción.