Unas de cal, otras de arena

Por JUAN LLADO 

Sobre los fondos de pensiones están surgiendo propuestas interesantes que deben ser ponderadas. Entre las más importantes están las que proponen usos para los fondos de pensiones en proyectos gubernamentales y eso no debe sorprender porque se ha hecho en otros países. La pena es que las propuestas no siempre son seguidas por un debate constructivo y se quedan en el tintero. Los comentarios que siguen, sin embargo, podrían ayudar a mejor evaluarlas.

Un buen ejemplo es la propuesta de Bernardo Vega de que la termoeléctrica de Punta Catalina sea vendida a los fondos de pensiones trabajadores. El superintendente del Mercado de Valores, Gabriel Castro, endosó la propuesta por considerarla muy positiva para el desarrollo de ese mercado y de la generación de riqueza. La propuesta, sin embargo, tiene sus luces y sus sombras. Si bien es cierto que intuitivamente parece deseable, en tanto convierte en capitalistas a los trabajadores y que con ello se podría darle un uso más rentable a la inversión, no menos cierto es que su instrumentación debe ser bien sopesada para no caer en trampas sacrílegas.

Lo primero es que no sería conveniente que los fondos de pensiones se usaran para comprar la totalidad de la propiedad de Punta Catalina. Eso implicaría que los trabajadores tendrían que ocuparse de la administración y operación de dicha planta. Ahí surge la interrogante de si ese es un rol que los trabajadores podrían desempeñar idóneamente, lo cual no parece probable. La alternativa sería que la concedieran en administración a una empresa privada, lo cual es lo que se espera que haga ahora el Estado con o sin fideicomiso público. Con ello se admitiría que el Estado no tiene la calificación requerida. En tal sentido, habría que decidir si al país le conviene más esa fórmula implementada por el Estado o por los trabajadores.

El otro aspecto para considerar es el de la rentabilidad. Es cierto que cualquier operación privada podría ser técnicamente idónea, pero no es cierto que cualquier operación privada tendría los mismos niveles de rentabilidad. No es solo que el manejo técnico entre una y otra puede ser diferente en su efectividad: es más bien que todo dependerá del PPA que le otorgue el Estado a través de las EDE, es decir, el contrato de compra de la energía producida. Este último puede diferir no solo en términos del precio del kilovatio/hora sino también en el periodo de vigencia y en otras consideraciones.

Por otro lado, Punta Catalina puede ser competitiva con el precio del carbón a cierto nivel, pero podría no serlo si ese insumo se encarece mucho. De manera que queda muy claro que la inversión tiene altos riesgos, aunque también podría tener altos beneficios dependiendo de las circunstancias. El nivel de riesgo hace que lo que sería preferible es que los trabajadores invirtieran en la compra de acciones de Punta Catalina, siempre y cuando lo permita el fideicomiso público que se gesta en el Congreso para su manejo y no se embarquen en la compra de la propiedad. Esa es la instrumentación propuesta por Pepe Abreu del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Cualquier inversor neófito sabe que la diversificación del portafolio de inversión es lo más aconsejable a largo plazo. Eso es precisamente lo que están supuestas hacer las siete AFP existentes, algunas de las cuales ya tienen inversión en acciones de empresas locales y podrían también diversificar más su portafolio si se les permitiera hacer inversiones en el extranjero.  Si eventualmente las AFP invierten en acciones de Punta Catalina también debería permitírsele invertir en EGE-Haina, EGE-Itabo y cuantos otros activos del sistema eléctrico podrían ponerse en el mercado de acciones de la Bolsa de Valores. Al ponderar las opciones no debe descartarse la creación de un fideicomiso público de todos esos activos que permita la participación privada en el accionariado.

Ahora que existe una encendida polémica acerca de la deseable reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social (Ley 87-01), y que las AFP están en la picota pública, otro aspecto a considerar es si las AFP deben seguir manejando los fondos de pensiones. La alternativa sería que los trabajadores tuvieran un fideicomiso general manejado por gerentes de fondos de inversión bien profesionales. Pero el grado de organización y sofisticación de los trabajadores es muy deficitario y su evolución hacia una capacitación colectiva que permita eso tomaría mucho tiempo. Mientras, las AFP son los manejadores más idóneos a nivel local, independientemente de que deban ganar menos y/o depender menos de los (más seguros) títulos de inversión del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.

Otra propuesta de medular relevancia es la de Andrés Vanderhorst, director de la Fiduciaria Banreservas, en cuanto a usar parte de los fondos de pensiones para las inversiones que demanda el proyecto de desarrollo turístico de Cabo Rojo. La idea tiene un apelativo inmediato y parece muy deseable para el gobierno y el país. Pero, como todo en la vida, tiene sus bemoles. Primero, no se especifica si la inversión deseable sería en las obras de infraestructura (aeropuerto, acueducto, carreteras, servicio eléctrico, planta de tratamiento, etc.) que les toca desarrollar al gobierno, o si sería en la superestructura (hoteles, villas, edificios de apartamentos, etc.). Tampoco se especifica cómo se mediría la rentabilidad de lo primero ni qué y cómo se cobraría a los usuarios.

En términos de la actual situación del proyecto de Cabo Rojo, lo más conveniente para el gobierno seria la inversión en infraestructura. Esto así porque a los 18 meses de haberse anunciado todavía no se visualizan inversiones importantes, tal vez porque el fisco no ha tenido la disponibilidad para financiarlas. En tal sentido, la propuesta no luce descabellada; siempre será posible encontrar vías de cobrar los servicios prestados por esas obras para generar una rentabilidad a la inversión. El problema es que la inversión sería bastante arriesgada hasta que no se demuestre que existen inversionistas privados interesados en invertir seriamente en la superestructura.

El proyecto de Cabo Rojo parece estar actualmente en la encrucijada de no haber generado hasta ahora inversión privada. Aunque se ha anunciado que en junio las seis cadenas hoteleras comprometidas comenzaran el desarrollo de sus hoteles, la denuncia de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de que no se han emitido los permisos ambientales correspondientes pone ese anuncio en duda.  Asimismo, el hecho de que en el pasado el interés de los inversionistas extranjeros siempre estuvo centrado en Bahía de las Águilas añade mas incertidumbre. El gobierno hace diligentes esfuerzos por encontrar esos inversionistas y, estamos seguros, eventualmente los encontrara. La dilación en eso se dio también en Puerto Plata.

Pero mientras eso no se logre no parece prudente, para los trabajadores, permitir que sus fondos se inviertan en superestructura. Tendría más sentido la inversión en infraestructura porque esta tendría garantía soberana. Ahora bien, los fondos a ser usados en las obras de infraestructura tendrían que salir de la cartera no gubernamental de las AFP. (Ya la parte gubernamental esa consumida por el mismo gobierno y solo podría invertirse el rendimiento anual, lo cual no sería suficiente.) De ahí que no parezca atinado que las AFP recobren sus inversiones no gubernamentales para invertir en la infraestructura de Cabo Rojo porque los ingresos a ser generados tardarían por lo menos tres o cuatro años para comenzar a verse.

Lo anterior sugiere que las propuestas de inversión de los fondos de pensiones, los cuales llegaban a RD$938,725 millones en noviembre 2021, deben ser escrutadas con una lupa de colosal poder. Lo mismo se puede decir del rol que deben jugar las AFP, si alguno. Ojalá y el debate público se enriquezca con los aportes de muchos opinadores calificados.

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